La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, y la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa, firmaron hoy un acuerdo interagencial que ampliará y agilizará los servicios dirigidos a la población de adultos mayores víctimas de delito para proteger sus derechos.

El acuerdo, que fortalecerá la política pública del gobierno a esos fines, se firmó durante una conferencia de prensa como respuesta directa al aumento en casos que afectan directamente a esta población en varias jurisdicciones de Puerto Rico.

Esta alianza integra esfuerzos y servicios de los fiscales de la Unidad Especializada de Maltrato de Adultos Mayores y la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos de Delitos del Departamento de Justicia (DJ), junto al proyecto PROVIEN de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).

Como parte de la implementación de esta iniciativa, cuatro coordinadores de Programas para Envejecientes de la OPPEA serán destacados en las fiscalías de los distritos de Bayamón, San Juan, Ponce y Aguadilla, jurisdicciones que han reportado un alza significativa en este tipo de delito.

Los coordinadores ofrecerán servicios dos días a la semana desde las propias sedes de las fiscalías, acercando la respuesta del Estado a quienes más la necesitan. A su vez, las demás jurisdicciones podrán coordinar con los técnicos de servicios a víctimas adscritos a estas cuatro regiones, a fin de que ofrezcan estos servicios en otras fiscalías de forma ágil y eficiente.

Su objetivo es que los adultos mayores víctimas de delito puedan recibir, de manera ágil, efectiva y en un mismo lugar, la atención y los servicios disponibles a través de ambas entidades.

“Este acuerdo nos permite acercar los servicios directamente a las fiscalías, agilizar la respuesta a las víctimas a través del trabajo interagencial y atender cada caso con la sensibilidad, el rigor jurídico y el sentido de urgencia que merece”, explicó la secretaria de Justicia en un comunicado de prensa.

Entre los servicios adicionales que brindará el personal de la OPPEA se incluyen orientación para el mejoramiento de la calidad de vida, información sobre recursos disponibles, referidos a servicios especializados y asistencia con servicios de nutrición en el hogar.

Además, colaborarán con los técnicos de servicios a víctimas del Departamento de Justicia en la orientación y acompañamiento en solicitudes de órdenes de protección y procesos civiles en los tribunales y/o lugares en que se requiera el apoyo.

Gómez Torres agregó que “el mensaje es contundente: ningún adulto mayor estará solo en su proceso de búsqueda de justicia. Vamos a acompañar, orientar y defender con firmeza a quienes necesiten y se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Nuestros adultos mayores requieren de nuestro total apoyo y acompañamiento en este tipo de situaciones”.

Con este acuerdo, ambas agencias establecen mecanismos formales para compartir información, estadísticas, informes mensuales y documentación sobre los casos atendidos, así como para desarrollar adiestramientos conjuntos que continúen especializando a su personal.

Asimismo, Varela Rosa destacó que “con este acuerdo, llevamos nuestro conocimiento especializado y experiencia trabajando con adultos mayores directamente a las fiscalías para reforzar los servicios que ofrece el Departamento de Justicia y asegurar que cada adulto mayor víctima de delito reciba orientación, apoyo y protección sin dilaciones, y atendiendo sus necesidades particulares. Nuestro compromiso es sumar capacidades, agilizar la respuesta y estar presentes donde más se nos necesita”.

Por su parte, el director estatal de AARP Puerto Rico, José Acarón, puntualizó que “alianzas como estas promueven un enfoque de innovación en el acceso a la justicia para los adultos mayores y asimismo la sensibilidad humana, para que se les haga verdadera justicia al agilizar los servicios dirigidos hacia esta población. A su vez es vital cambiar el enfoque y que no se vea al adulto mayor meramente como víctima, sino como una persona integral a la que se le proveen todo tipo de servicios, además de los relacionados a su caso”.

Los referidos para estos servicios serán canalizados por el Ministerio Público o por el personal de las Oficina de Asistencia a las Víctimas y Testigos de Justicia. La OPPEA dará seguimiento a cada caso referido e informará a dichas oficinas sobre las gestiones realizadas y sus resultados, garantizando en todo momento estrictos estándares de confidencialidad y protección de datos.

El acuerdo no conlleva gastos para ninguna de las agencias. El Departamento de Justicia proveerá los espacios físicos y acceso a recursos en las fiscalías para facilitar la labor de los coordinadores, mientras que la OPPEA continuará sufragando los costos del personal de PROVIEN con fondos del programa federal autorizado por la Victims of Crime Act of 1984 (VOCA, por sus siglas en inglés).

Para más información sobre estos u otros servicios, los interesados pueden comunicarse a la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos de Delitos del Departamento de Justicia al escribir a 787-721-2900 extensión 1347 o escribir al correo electrónico smiranda@justicia.pr.gov.