La exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó nuevamente un cambio del día de su vista de sentencia para que sea el 29 de enero, el mismo en que otro de los coacusados del caso, Julio Herrera Velutini, conocerá cómo pagará por el delito menos grave por el que se declaró culpable.

Su acto se une al del exagente federal y consultor de Herrera Velutini, Mark Rossini, que ya ha solicitado dos veces durante este mes que la vista sea transferida del 8 de enero al 29 de enero.

En una moción presentada ayer, lunes, Vázquez Garced expone que todavía quedan procesos legales pendientes que podrían afectar el proceso de sentencia. Por ello, reclamó que no sea sentenciada el jueves, 8 de enero, sino el 29 de enero.

En un inicio, Vázquez Garced se supone fuese sentenciada el 15 de octubre. Esa fecha cambió para diciembre y luego para el 8 de enero.

Los abogados de la exprimera ejecutiva, Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, aludieron en sus argumentos para reclamar el cambio de fecha que continuar con la sentencia, en este momento, sería prematuro y podría perjudicar de manera irreparable a su clienta. Insisten en que aún no se han resuelto asuntos clave relacionados con el caso, incluyendo controversias legales que inciden directamente en la determinación que debe tomar la jueza federal Silvia Carreño Coll.

“Proceder a dictar sentencia en esta etapa sería prematuro y podría resultar en una injusticia manifiesta”, dice la moción.

Entre los asuntos legales que se demarcan que no están resuelto destaca los problemas que han surgido desde que la exgobernadora y los dos coacusados decidieron declararse culpable el pasado mes de agosto. Se alude a que el delito reconocido fue por una violación menos grave a leyes electorales. Demarca que la Fiscalía federal ha insistido en hacer el caso en su contra uno más grave y que la lleven a ser sentenciada a un año en prisión.

“Esto plantea una importante cuestión legal común a los tres acusados: si las acusaciones de un escrito de acusación que el gobierno decidió desestimar pueden constituir adecuadamente una conducta relevante al dictar sentencia por un delito completamente diferente del que se declararon culpables. Los acusados ​​se declararon culpables de una violación de las normas de financiación de campañas (aceptar la promesa de una contribución extranjera), mientras que el gobierno ahora pretende que el Tribunal considere al dictar sentencia las mismas acusaciones de soborno que abandonó”, se indica.

Además, se expone que los coacusados decidieron declararse culpable el mismo día como una resolución coordinada, por lo que deberían ser sentenciados el mismo día.

“En la audiencia de cambio de declaración, la defensa solicitó un informe presentencia (PSR) acelerado para resolver este asunto lo antes posible. La acusada no anticipó ser víctima de una emboscada por la decisión del gobierno de solicitar al Tribunal que la condenara basándose en las acusaciones que decidió abandonar, en lugar del delito menor por el que fue condenada. La eficiencia judicial ahora requiere alinear el calendario de la acusada con el de sus antiguos coacusados”, precisa la moción.

Añade que “la imparcialidad fundamental aconseja no proceder con la sentencia de la acusada ante el Tribunal, ya que se beneficia de los argumentos legales que presentarán todos los coacusados ​​sobre este importante asunto. El intento del gobierno de incorporar las acusaciones de soborno desestimadas como conducta relevante plantea interrogantes que afectarán a los tres acusados. Proceder a la sentencia del acusado el 8 de enero de 2026 mientras estas cuestiones sigan sin resolverse en los casos de los coacusados ​​privaría al Tribunal de una visión completa y podría resultar en resultados inconsistentes”.

En el escrito se destaca que la Fiscalía federal no se ha opuesto a cambiar la fecha de sentencia de Rossini para ponerla el mismo día que Herrera Velutini. No obstante, se opone a que se cambie la fecha para Vázquez Garced.

Cabe destacar que la sentencia de los caocusados, tras varios cambios, era para el 8 de enero. Sin embargo, Herrera Velutini logró cambiar su día de la vista de sentencia, debido a que uno de sus abogados estará en un tratamiento médico.

La determinación del cambio de fecha la debe tomar la jueza federal Carreño Coll.

Vázquez Garced se declaró culpable en agosto pasado de un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones. Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.