Nota del editor: Este es un reportaje de una serie que resalta los esfuerzos de la comunidad en proteger y recuperar la arqueología indígena.

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Los miembros del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, creado específicamente para procurar la preservación de artefactos y lugares con valor arqueológico, no han sostenido una reunión en tres años a pesar de la exigencia legal vigente.

“Actualmente, desde el 2023, ese Consejo no se reúne”, admitió a Primera Hora Fátima Cédano del Rosario, subdirectora del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Según la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1988, conocida también como Ley del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico y cuya enmienda más reciente fue en 2016, este Consejo tiene el deber de hacer cumplir las disposiciones del mandato, establecer obligaciones respecto a obras de excavación, construcción y reconstrucción; fijar penalidades; y asignar fondos. Su deber es reunirse mensualmente.

“No te sabría decir (por qué no se han reunido), porque yo llegué el año pasado”, comentó Cédano del Rosario.

Los deberes del Consejo

La Sección 4 de la Ley establece que el Consejo deberá celebrar una sesión ordinaria mensualmente y las extraordinarias que sean necesarias. Además, debería rendir al gobernador o gobernadora incumbente, así como a la Asamblea Legislativa, un informe detallado de sus actividades, resoluciones y operaciones durante el año no más tarde del 30 de enero de cada año.

Los cónclaves se supone que se celebren con el fin de “salvaguardar y proteger” el patrimonio arqueológico terrestre puertorriqueño y que se ejecuten acciones para asegurar el cumplimiento de la Ley, que declara de utilidad pública y patrimonio todo sitio, objeto, yacimiento, artefacto, documento o material arqueológico que sea reliquia del pasado del hombre que exista o se encuentre en o bajo la superficie de la tierra.

Del mismo modo, establece sanciones a quienes se adueñen, destruyan o vendan artefactos.

Entre las responsabilidades del Consejo, se deberá “levantar un inventario y mantener un registro permanente debidamente actualizado de todos los materiales, estructuras y sitios arqueológicos terrestres que se hayan encontrado a la fecha de vigencia de esta ley y que se descubran posteriormente, incluyendo aquellos que se encuentren en colecciones y museos en y fuera de Puerto Rico”, así como fomentar la investigación y estudio.

El Consejo se compondrá de: el director ejecutivo del ICP, quien lo presidirá; el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); el director ejecutivo de la Oficina Estatal de Conservación Histórica; el administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos y un arqueólogo profesional por cada una de las universidades del país que ofrezcan estudios en esa disciplina.

Además, el gobernador o gobernadora, con el “consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico”, debería nombrar a tres personas de “reconocida formación académica o experiencia en el campo de la arqueología terrestre y uno en el campo de la arqueología terrestre y uno en el campo de la arquitectura”.

“No sé por qué se dejaron de reunir”, repitió Cédano del Rosario. “Ahora mismo se están estudiando unos proyectos de Ley y en esos proyectos de Ley se está discutiendo cómo va a quedar conformado el Consejo y de qué manera eso va a cambiar y por eso también está detenido”, continuó.

Sin estadísticas

La Ley exige a todo ciudadano reportar al ICP los hallazgos de artefactos que podrían tener valor arqueológico.

Pese a que dio fe que la ciudadanía cumple con esta disposición, Cédano del Rosario desconoce con qué frecuencia se reportan descubrimientos y si ha habido un cambio en el flujo de información que recibe la agencia relacionado a este tema.

Con relación a la venta ilícita de artefactos a través del mercado negro, el ICP cuenta con el apoyo de las agencias de ley y orden, sobre todo con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ya que en 2024 firmaron un acuerdo de colaboración para evitar posibles delitos de bienes patrimoniales.

“Esto es un ejemplo casi como anécdota, esto pasó: (seguridad de aeropuertos) identifican en una maleta de una persona X un artefacto que tienen una duda. Pues mira, eso se queda en el aeropuerto y a nosotros nos han llamado aquí ‘mira tenemos esta situación en el aeropuerto internacional’ y ellos se quedan con la pieza o la ponen en resguardo hasta que el Instituto de Cultura vaya, identifique y veamos para evitar y para no incentivar que la gente venga (y diga) ‘ah, me llevé tal cosa, porque supuestamente me la encontré’”, aseguró.

Cédano del Rosario dijo no conocer de artefactos en Estados Unidos retirados de Puerto Rico de manera irregular. A consecuencia, no pudo certificar si hay esfuerzos de recobrar objetos en la nación estadounidense u otros lugares.

“Si nosotros supiéramos o tuviéramos el conocimiento, sí podemos comunicarnos con esas personas y hacer una carta también a través del FBI y hacer la comunicación y solicitar la entrega”, dijo.

Visita al depósito

La subdirectora del ICP rechazó que el programa de Conservación del Patrimonio Histórico, que tiene un presupuesto para este año fiscal de $1.1 millones, carezca de fondos suficientes para perseguir la conservación de artefactos indígenas.

Sin embargo, sí confesó que el ICP tan solo tiene cuatro arqueólogos contratados.

“Aquí nosotros tenemos nuestro Departamento de Arqueología y Etnohistoria. Sí te puedo decir que solamente tenemos cuatro arqueólogos trabajando en el Instituto de Cultura. Ellos se dividen (el trabajo por) regiones”, comentó al asegurar que la base de datos se mantiene actualizada.

Aunque preferiría un depósito más amplio, confió en que sus almacenes tienen sistema de aclimatación adecuada y laboratorio, disponible para internados y estudios.

Primera Hora tuvo una visita exclusiva al lugar, donde se les mostró las áreas restringidas del depósito, cuya ubicación se mantiene en el anonimato.

De acuerdo al arqueólogo Belford Matías, del ICP, hay más de 20,000 piezas guardadas en el lugar, que varían entre piedras gigantescas con petroglifos, petroglifos en eolianitas, cerámicas indígenas, hachas, piedras, cemíes de todos los tamaños, arcos líticos, restos alimenticios, petrograbados y hasta un cráneo encontrado en Loíza. También hay vasijas, losas, pinturas y bolas de cañón, de la época de conquista española.

El depósito se divide en tres salones principales, que contienen un humidificador de aire y consola de aire acondicionado.

En la entrada, hay varias piezas, que, aunque catalogadas debidamente, corresponden a distintas culturas y siglos de historia puertorriqueña.

En ese primer salón, hay piedras de bateyes, piedras con petroglifos, jarrones y cerámicas que fueron reparadas con material distinto al original. Matías desconocía cuándo ocurrió la restauración ni la manera en que se llevó a cabo.

Algunas de las piedras provienen de bateyes, mientras que otras parecen haber sido desprendidas o cortadas de rocas de mayor tamaño, probablemente antes de la creación de la Ley.

En el salón más grande, con cajas que llegan hasta el techo, se preserva la mayoría de los artefactos, mayormente indígenas. Entre estas cajas hay objetos donados que luego se confirmaron como piezas falsas. Sin embargo, se mantienen en el depósito, a pesar de su catalogación, por haber sido donados como parte de colecciones.

Se indicó que el aire acondicionado de este salón en específico había dejado de funcionar justo antes de la visita de este diario, que se llevó a cabo a finales de abril.

Esta área es restringida. Ni investigadores ni arqueólogos entran allí. De necesitar estudiar o analizar algún objeto que allí se resguarda, el ICP retira el objeto específico y lo transporta al tercer salón para su estudio.

En este tercer cuarto se ubica un espacio para fotografía, algunas imitaciones de objetos indígenas y artefactos para comparación, como pedazos de cerámicas indígenas que, según su región de procedencia, variaban en diseño. También hay losas para comparación que fueron utilizadas por los europeos.

Si un estudioso entra a esta tercera sala siempre está en compañía de un arqueólogo del ICP. Se les retira cualquier bolso o mochila y todo análisis se limita a esas cuatro paredes.

Los artefactos guardados incluyen piezas de colecciones de arqueólogos fenecidos, como Ricardo Alegría, y piezas del Proyecto Casa Blanca, que analiza los procesos de transformación arquitectónica y constructiva del lugar que fue la residencia más antigua del Viejo San Juan y donde vivió el primer gobernador de la época española, Juan Ponce de León.

Matías dijo que, al momento, no están recibiendo más artefactos, aunque sí están abiertos a hacerlo.

El último inventario se completó durante la incumbencia de Laura Del Olmo, exdirectora del Programa de Arqueología del ICP, quien estuvo al frente hasta mediados de la década de los 2010.

Lo que debes hacer

Aquellos que encuentren artefactos deberían, por Ley, notificarle al ICP de su hallazgo llamando al 787-724-0700 o escribiendo al info@icp.pr.gov.

Esta notificación se debe hacer dentro de 30 días del hallazgo. El incumplimiento podría constituir un delito menos grave con pena de multa no menor de $300 ni mayor de $500 o reclusión por un término no menor de 10 días ni mayor de seis meses o ambas penas, a discreción del tribunal.

Por eso, es recomendable dejar el artefacto en la tierra donde se encontró, pues una vez se retira de dónde ha estado enterrado por largos siglos, también comienza su degradación.

“Mi solicitud al público es, si identifican algo y tienen una duda de que esto sea un artefacto arqueológico o no, pueden llamar al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Primero que nada, traten de no sacarlo de donde lo encontraron. Sería la solicitud más recomendable…lo más importante es no sacarlo de su medio ambiente”, subrayó Cédano del Rosario al instar a que fotografíen el objeto.