Satisfacer las necesidades de electricidad de la isla con energía 100 % renovable en 2050 es la meta de las iniciativas de transformación energética del país lideradas por el Negociado de Energía de Puerto Rico.

Sylvia Ugarte Araujo es comisionada asociada del Negociado de Energía.
Sylvia Ugarte Araujo es comisionada asociada del Negociado de Energía. (BrandStudio)

“El propósito es diversificar el portafolio de generación de energía para tener una mayor seguridad energética en el país”, expuso Antonio Torres Miranda, comisionado asociado del Negociado, entidad reguladora del sector energético. Así aludió a que, al reducir la alta dependencia del país de combustibles fósiles —como el petróleo— y contar con distintas fuentes de energía, se brinda mayor resiliencia al sistema.

En su afán por eliminar paulatinamente el uso de combustibles fósiles, la primera meta intermedia establecida por la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019) es satisfacer un 40 % de la demanda de electricidad con fuentes renovables en 2025. Según Torres, actualmente, poco más de un 4 % de la energía proviene de fuentes renovables como el sol y el viento.

Antonio Torres Miranda es comisionado asociado del Negociado de Energía.
Antonio Torres Miranda es comisionado asociado del Negociado de Energía. (BrandStudio)

Esto quiere decir que Puerto Rico tendría solo dos años para pasar del 4 % al 40 % de energía renovable. “Está difícil, pero ese es el estado de derecho y se está trabajando para que sea posible”, reconoció Sylvia Ugarte Araujo, comisionada asociada del Negociado.

Para lograrlo, el Negociado se deja llevar por el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un plan a 20 años —que se revisa cada tres años— y que dirige el desarrollo energético del país, mediante un análisis que proyecta todos los recursos necesarios para satisfacer la demanda de servicios de electricidad en la isla.

En el caso de la transición a fuentes renovables, la implementación del plan se divide en seis fases o tranches. Cada fase comprende un conjunto de proyectos de energía renovable desplegados por toda la isla, que serán desarrollados por compañías privadas, con poca o ninguna inversión de parte del gobierno, según Torres.

“Un factor importante que estamos tomando en consideración es que la generación está toda en el sur de la isla y lo ideal sería tener la generación más cercana de donde está el consumo”, expuso el funcionario. Al tener instalaciones generadoras más cerca de los consumidores, se agiliza la reparación y recuperación del sistema después de desastres naturales.

Las primeras tres fases ya están encaminadas. La primera, por ejemplo, consta de once proyectos que, en conjunto, deben generar 800 megavatios de energía renovable y 400 megavatios para almacenamiento en baterías. “Los proyectos tienen dos años para construirse desde el momento en que obtuvieron su cierre, lo que para el Tranche 1 ocurrió entre junio y septiembre de 2023″, dijo Torres, por lo que estos estarían listos en 2025.

“Estamos conscientes de que el Tranche 1 se ha atrasado por diversas razones. Para acelerar el proceso de lograr la meta que queremos, hemos duplicado la cantidad solicitada de megavatios en nuestro requerimiento de propuestas para los Tranches 2 y 3″, sostuvo el funcionario.

Para la segunda fase, se hizo una preselección de 16 proyectos que, de ser elegidos, aportarán 900 megavatios de energía renovable y 600 megavatios para almacenamiento. Aunque los proyectos de la tercera fase aún no han sido preseleccionados, el Negociado espera tener suficientes para generar 1,000 megavatios adicionales de renovables y 550 megavatios en baterías.

En total, las primeras tres fases deberían generar 2,700 megavatios para satisfacer parte de la demanda energética del país, así como 1,550 megavatios de reserva. “Queremos tener más de 1,500 megavatios en baterías porque, si usamos energía solar todo el tiempo, no tendremos nada para la noche. Lo que se pretende es tener un exceso de energía durante el día y guardar ese exceso en baterías para utilizarlo en la noche”, explicó Torres.

Agregó que, para las fases dos y tres, se espera completar el proceso de selección de proyectos y cierre de contratos entre finales de este año y mediados del próximo, por lo que las construcciones comenzarían en 2024 y terminarían dos años después, en 2026.

De acuerdo con Ugarte, las fases de implementación del PIR son fundamentales para alcanzar las metas de satisfacer un 40 % de la demanda de electricidad con fuentes renovables en 2025 y un 100 % en 2050. “Una vez estos Tranches estén integrados, se supone que el por ciento de generación renovable que se va a integrar aumente, no de 1 en 1 %, sino que van a ser mayores los incrementos en porcentaje”, dijo la funcionaria.

Aunque muchos de los proyectos contemplados son de energía solar y eólica, el Negociado analiza la viabilidad de otras fuentes renovables como la hidroeléctrica, el hidrógeno verde, la biomasa y el biogás (por ejemplo, el uso del gas metano de los vertederos para producir electricidad), energía térmica oceánica (obtener energía de las diferencias en temperatura de aguas superficiales y profundas) y la combustión de biocombustibles (como el etanol).

Una vez se integren suficientes proyectos de generación renovable, el plan es desconectar paulatinamente las plantas generatrices menos eficientes para reducir, poco a poco, la dependencia del petróleo y de otros combustibles fósiles.

Sin embargo, como combustible de transición, se contempla la conversión a gas natural de una planta en San Juan que genera cerca de 400 megavatios, según datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos. “Dimos autorización a una solicitud de propuesta de una planta de gas, pero pusimos como requisito que en el futuro se pudiera convertir en una planta de hidrógeno verde”, dijo Ugarte. “Al hidrógeno verde le falta tiempo para que sea una alternativa económicamente viable, pero, en varios años, podría estar disponible”, añadió.

Al mismo tiempo, el Negociado trabaja en la implementación del trasbordo, proceso que permite a las nuevas compañías de servicio eléctrico utilizar las mismas líneas de transmisión y distribución de la AEE, hoy administradas por LUMA Energy, para llevar la energía que generen a sus clientes. Asimismo, se asegura de que se puedan interconectar, inmediatamente y de forma automática, los nuevos proyectos de energía renovable.

Además del desarrollo de proyectos de generación de electricidad, fomentar la adopción de placas solares por parte de ciudadanos y negocios puede ayudar a reducir la dependencia del petróleo y a alcanzar más rápido la meta de contar con energía 100 % renovable en 2050. Según Ugarte, casi 100,000 hogares en Puerto Rico cuentan con placas solares.

Esos casi 100,000 hogares directamente, en conjunto, generan entre 350 y 400 megavatios al día, lo que redunda en una planta generatriz menos que se necesita para satisfacer la demanda de electricidad, dijo Torres.

Los techos con placas solares tienen el potencial de generar electricidad para otros en momentos de demanda pico o después de un apagón. Estas personas pueden llegar a un arreglo con LUMA Energy para recibir un pago a cambio de que la compañía utilice hasta un 50 % de la carga de las baterías de sus hogares. El acuerdo entre LUMA y el cliente se trabajaría a través de un intermediario privado, llamado agregador, explicaron los funcionarios.

Una mayor adopción de placas solares en residencias unifamiliares ayudaría, también, a cumplir otra meta del Negociado: lograr una mejora de 30 % en eficiencia energética para el 2040. Esto se refiere a un mejor uso de la energía por parte de los consumidores como sustituir los calentadores de agua eléctricos por versiones solares y utilizar bombillas y electrodomésticos más eficientes, por ejemplo.

“Reducir el consumo de energía del país es una forma más rápida de llegar a ese 100 % de fuentes renovables”, expuso Torres. “Hay que trabajar las dos cosas a la vez: generación y demanda”.

Todas estas iniciativas contempladas en el PIR son importantes no solo para lograr una mayor seguridad y resiliencia energética, sino también para reducir el costo de la electricidad para los consumidores. “El cargo mayor de la factura es la compra de combustible fósil. A medida que se integren las renovables, la factura de luz va a bajar”, concluyó Ugarte.