Una tiktoker, su padre y su entonces novio fueron acusados en Los Ángeles de conspirar para asesinar al padre de la hija de siete años de la mujer, informó Fox 11.

Gabriela Lauren González, de 24, su padre, Francisco González, de 59 y Kai Faron Cordrey de 26, alegadamente planearon asesinar al cantante Jack Avery, exvocalista del grupo musical Why Don’t We, en medio de una batalla legal por la custodia de la menor.

Según la fiscal, los acusados planearon recurrir al ‘dark web’ para contratar los servicios de un sicario a sueldo que cometiera el crimen. La fiscalía sostiene que el padre de la mujer le entregó $14 mil a su exnovio para contratar al asesino.

El plan quedó expuesto luego que un agente encubierto contactó a Cordrey, haciendo pasar por un asesino a sueldo y formalizó detalles sobre el crimen, el pago y la prueba de muerte.

El padre de González fue arrestado en Florida y está en espera de ser extraditado a California, mientras que González comparecería ayer ante un juez. Los hechos e remontan al 2021 cuando la acusada, alegadamente le solicitó ayuda a su exnovio para contratar un sicario.

Tras esto, el padre de González le habría enviado $10 mil dólares a Cordrey para pagarle al supuesto asesino y posteriormente, en junio de ese mismo año, Francisco González le envió otros $4,000, luego que el supuesto sicario le pidiera más dinero.

En septiembre de ese mismo año, el agente encubierto contactó a Cordrey haciéndose pasar por un asesino y discutió con éste los detalles del crimen.

Aunque originalmente el caso fue investigado por el FBI, las acusaciones fueron presentadas por la Oficina del Fiscal del condado de Los Ángeles.

“Este es un caso en el que se acusa a los acusados de hacer todo lo posible para encontrar a alguien que cometiera un asesinato. La mayoría de los padres educan a sus hijos para que respeten la ley, pero aquí tenemos a un padre que presuntamente ayudó a su hija y a su novio a infringir la ley de la manera más siniestra imaginable”, manifestó el fiscal de distrito, Nathan J. Hochman.

De ser declarados culpables de los cargos, los tres acusados enfrentan una pena máxima de 25 años a cadena perpetua en una prisión estatal.