Más de 70 millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social podrían enfrentar una reducción automática en sus pagos dentro de los próximos años si los legisladores no llegan a un acuerdo para fortalecer las finanzas del programa.

El recorte proyectado sería de aproximadamente 22 por ciento a partir de 2032, cuando el fondo fiduciario que sostiene los pagos del Seguro Social podría quedarse sin reservas suficientes para cubrir la totalidad de los beneficios prometidos.

Ante esta posibilidad, un grupo bipartidista de senadores presentó una propuesta para presionar al Congreso a tomar medidas antes de que ocurra una reducción que afectaría principalmente a jubilados y personas que dependen de estos ingresos como su principal fuente económica.

La iniciativa, denominada Ley de Protección de las Oportunidades de Jubilación y Mantenimiento de la Seguridad de Ingresos para Todos (PROMISE, por sus siglas en inglés), busca establecer un proceso obligatorio para que el Congreso vote un plan destinado a garantizar la estabilidad del programa durante al menos cinco décadas.

La Ley PROMISE no establece cambios específicos al Seguro Social, como aumentar impuestos o modificar beneficios. Su objetivo principal es obligar a los legisladores a debatir el problema y aprobar una estrategia de largo plazo.

El proyecto establecería un mecanismo legislativo que culminaría con una votación obligatoria sobre una propuesta que garantice la solvencia del sistema por 50 años o más.

Los senadores que impulsan la medida incluyen a los demócratas Dick Durbin y Tim Kaine, el independiente Angus King y los republicanos Bill Cassidy y Thom Tillis.

¿Cuánto perderían los beneficiarios si ocurre el recorte?

Un ajuste de 22% tendría un impacto significativo en los ingresos de millones de hogares.

De acuerdo con estimaciones del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), una reducción de esa magnitud representaría:

Cerca de $450 menos al mes para el beneficiario promedio, cuyo pago actual ronda los $2,071 mensuales.

Aproximadamente $10,600 menos al año para una pareja donde ambos reciben beneficios del Seguro Social.

Más de 3 millones de adultos mayores podrían caer en la pobreza si el recorte se aplica sin medidas adicionales.

El impacto podría ser especialmente fuerte para comunidades donde una gran parte de los jubilados depende del Seguro Social para cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos y medicamentos.

El problema surge porque el sistema está recibiendo menos ingresos de los necesarios para cubrir los pagos futuros.

El informe anual de los administradores del Seguro Social proyecta que el fondo fiduciario podría agotarse en 2032, un año antes de lo calculado previamente.

Entre los factores que han acelerado la presión financiera se encuentran:

Una disminución en la tasa de natalidad, lo que reduce la cantidad de trabajadores que aportan al sistema.

Menores niveles de inmigración respecto a las proyecciones anteriores.

Cambios fiscales recientes que redujeron ingresos destinados al fondo del Seguro Social.

Además, el déficit actuarial del programa para los próximos 75 años aumentó a unos $30.3 billones, frente a los $26.1 billones calculados anteriormente.

Los legisladores que respaldan la propuesta señalaron que retrasar una reforma podría hacer más difícil encontrar una solución y obligar a aplicar recortes automáticos.

“Los beneficios serán recortados si el Congreso no actúa. Nuestro plan preserva las promesas hechas a los jubilados actuales y a la próxima generación de estadounidenses”, dijo el senador Bill Cassidy.

Por su parte, Dick Durbin señaló que el Congreso conoce el problema desde hace años, pero no ha enfrentado las decisiones difíciles necesarias para resolverlo.

“El Seguro Social es una promesa que millones de estadounidenses han ganado después de una vida de trabajo. Los presupuestos familiares dependen de estos ingresos para pagar gastos esenciales”, afirmó Angus King.

Aunque todavía falta un largo proceso legislativo, la propuesta busca evitar que el futuro financiero del Seguro Social dependa de un recorte automático que podría afectar a millones de jubilados.