El próximo 8 de febrero entrará en vigor la ley que impone supervisión electrónica a los imputados de violencia de género y la provisión de aplicaciones tecnológicas para la detección del agresor, recordó el representante y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz.

Al recordar la fecha, el legislador emplazó a las agencias concernidas a que informen en qué estado está la implantación de dicha Ley 89 de 2023, que enmienda el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica.

“Queremos saber cuáles son los esfuerzos y trabajos que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección, han hecho para que el 8 de febrero entre en vigor esta Ley, que sin duda ayudará a las víctimas de violencia doméstica” expresó en comunicado de prensa.

El dato sobre esta nueva imposición la dio a conocer el líder de la Pava luego de que ayer, jueves, se registrara la segunda masacre del año en Yauco, ligada a un caso de violencia de género.

Según ha trascendido, Linnette Morales Vázquez acudió al Tribunal de Ponce en un caso de violencia de género contra su expareja, Wilfredo Hiram Santiago Figueroa. Al hombre no le impusieron supervisión electrónica.

Posterior a la decisión, Santiago Figueroa mató a Linnette; a su madre, Lizzette Vázquez Vélez, y su hermano Luis Miguel Morales Vázquez. Luego, se suicidó.

Según Ortiz, la nueva ley busca utilizar la tecnología como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para prevenir casos de reincidencia y mejorar la protección de las víctimas, de manera que preventivamente estas puedan avisar a la policía si el agresor viola el perímetro establecido.

“Las agencias tenían 120 días a partir de la firma de la Ley para prepararse y hacerse de todos los programas para poner en funciones la misma, de manera que a los 180 días, que se cumplen el próximo 8 de febrero, este sistema estuviera en funciones en beneficio de las víctimas”, expresó.

La Ley busca que las víctimas de violencia doméstica puedan detectar la presencia del agresor sujeto a supervisión electrónica, cuando éste infringe el perímetro definido por la orden del tribunal. Estas aplicaciones se instalan en teléfonos, relojes inteligentes, o cualquier otro aparato tecnológico similar, detectando la presencia del agresor mediante el Sistema de Posicionamiento Global conocido por sus siglas en inglés como GPS. El aditamento permite que la víctima fácilmente notifique a los agentes del orden público cuando su vida o su seguridad puedan estar en peligro, ante la cercanía del sujeto que posee el grillete electrónico y contra quien se tiene una orden de protección vigente.

Por otro lado, el también presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes expresó que “es inaceptable que nuestras agencias gubernamentales, que deben ser baluartes de protección y servicio, en repetidas ocasiones no cumplen con su deber hacia las víctimas. Por eso, el emplazamiento, solo de esta manera podemos asegurarnos de que las agencias estén preparadas para la implementación de tan importante servicio para las víctimas de violencia doméstica”.