Tras dos semanas del arresto de cercanos asesores y un exfuncionario municipal, el alcalde de Mayagüez, José “Guillito” Rodríguez, sostuvo que tenía total desconocimiento de las irregularidades que ocurrieron en el municipio que dirigía y en la empresa municipal que presidía.

Como argumento principal para sostener su afirmación, Rodríguez dijo que no ha sido acusado por las autoridades federales. Así también arguyó que ni el Departamento de Justicia de Puerto Rico ni el Comisionado de Instituciones Financieras investigaron a su administración a pesar de que desde verano de 2019 se conocía que la Comisión de Bolsa y Valores había tenía una acusación contra el asesor financiero del Municipio, Eugenio García Jiménez.

“El alcalde no ha sido acusado”, señaló el veterano ejecutivo municipal popular, quien no contestó categóricamente si aspira a un nuevo término, pero sí agradeció la confianza que le ha extendido el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y presidente del Senado, José Luis Dalmau.

El alcalde insistió en que las transacciones que provocaron el arresto de siete personas por un presunto esquema para defraudar por casi $9 millones al municipio mayagüezano se hicieron fuera de los Estados Unidos.

De igual manera, insistió que ni él como presidente de la Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) ni la junta de directores de esa empresa municipal autorizaron que se usaran como colateral hipotecario inmuebles del Municipio.

Esto a pesar de que en expedientes judiciales sometidos al Tribunal de Primera Instancia documentan que en junio de 2018 el secretario de MEDI, Kenneth Soto, certificó que la Junta en una reunión celebrada en 2015 autorizó al director ejecutivo de MEDI, Alejandro Riera Fernández, a “ejecutar, contratar, enajenar, hipotecar, adquirir, permutar, arrendar, ceder y cualquier acto que envuelva la titularidad y/o posesión de los bienes muebles e inmuebles corporativos”.

Para cuando se emitió la certificación, el Municipio había transferido propiedades municipales a MEDI.

El ejecutivo municipal señaló que Soto tendrá que hacer una declaración jurada para explicar esa certificación e informó que ese funcionario ya no se desempeña como gerente de Vivienda Pública municipal y que está reportado enfermo desde los arrestos.

No obstante, reiteró su confianza en el vicealcalde Heriberto Acevedo, a pesar que los abogados del municipio han argumentado que Acevedo certificó una información incorrecta que permitieron ciertas las transferencias o enajenaciones de propiedades.

Rodríguez aseveró que del expediente judicial federal se desprende que hay certificaciones y documentos falsificados de transacciones de MEDI que no fueron firmadas por él ni por otros servidores municipales. Asimismo, opinó que puede haber certificaciones y documentos firmados por funcionario smunicipales porque les llegó información que los indujo a error.

Hoy, Rodríguez dijo que esas transferencias se hicieron para capitalizar a MEDI que se registró con el propósito del desarrollo económico y fiscal de la ciudad. Afirmó que se transfirieron dos propiedades, el Palacio de Recreación y Deportes y el Hospital San Antonio, tal y como informó El Nuevo Día durante las últimas dos semanas.

El alcalde afirmó que las transferencias se hicieron conforme a la Ley de Municipios Autónomos y que la ordenanza genérica con la que la Legislatura Municipal le autorizó a transferir y enajenar propiedades era suficiente para ese acto.

Ese argumento es contrario al levantado por el bufete Aldarondo & López Brás, representantes legales del Municipio, en una demanda civil de embargo contra el Municipio, y presentado por la empresa municipal MEDI Films. Los abogados tanto del Municipio como de la empresa municipal han sostenido que las hipotecas que hizo MEDI son nulas porque, entre otras cosas, el alcalde necesitaba la autorización expresa de la Legislatura Municipal.