Dos candidatas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) aseguraron hoy que el aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, no tiene la capacidad de administrar una ciudad en la que el tema de la violencia sexual y de género exacerban cada día más.

Y es que Mariana Nogales, candidata a representante por Acumulación, recordó que el senador novoprogresista fungió como Oficial Examinador del Municipio de Guaynabo en el caso de hostigamiento contra Héctor “El Cano” O’Neill Rosa -hijo del exalcalde Héctor O’Neill- y condujo una investigación que lo exoneró. Posteriormente, se confirmó el hostigamiento en una demanda contra el Municipio de Guaynabo en el Tribunal Federal.

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“Cuando trabajas para tus propios intereses y el de los amigos del alma, es muy difícil que puedas levantarte y denunciar las injusticias que se viven a tu alrededor, incluso en casos tan sensibles como el hostigamiento sexual en el ambiente laboral. En Recursos Humanos del Municipio de Guaynabo trabajaba la esposa de Héctor O’Neil Jr, el Oficial Examinador del Municipio era Miguel Romero, amigo del alcalde y su familia, y si finalmente buscabas la División Legal te recibía Héctor Hoyos, quien ahora es juez nombrado por el PNP. Este tipo de círculos de poder son los que venimos a sacar, a esto nos referimos cuando hablamos de la vieja política”, mencionó la licenciada en declaraciones escritas a la prensa.

Asimismo, resaltó que Romero obtuvo tres contratos con el Municipio de Guaynabo en poco más de un año, los que superaron los $53,000. El caso de hostigamiento sexual que Romero atendió le costó al Municipio y a los constituyentes de Guaynabo alrededor de $1 millón en fondos públicos.

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Por otro lado, Mari Laura Rohena, candidata a la Legislatura Municipal de San Juan catalogó de “increíble” que el senador del PNP “solo recuerde” que el informe fue extenso y que “no encontró nada malo allí”, en Guaynabo.

“Ese tipo de persona que sin entender las situaciones por las que vivimos las mujeres día a día en nuestro país no pueden aspirar a administrar un municipio como el de San Juan. Una persona que señala un hostigamiento sexual requiere de toda atención para que se indague sobre lo ocurrido, pues no es fácil salir a la luz pública y denunciar estas conductas en un ambiente lleno de los amigos del alma del hostigador. Eso no lo permitiremos ni en San Juan ni en el capitolio”, apuntó la feminista.

Es por esto que ambas candidatas se comprometieron a continuar denunciando “candidaturas que no representen el bienestar de las mujeres de nuestro país”.

“Ni en el Capitolio ni en la alcaldía de San Juan hay espacio para encubridores de hostigamiento sexual”, sentenciaron.

Por su parte, Romero calificó como “ataques difamatorios” las expresiones que realizaron las candidatas del MVC.

“Hoy vemos cómo el MVC continúa sus ataques difamatorios queriendo crear una bola de humo sobre mi ejecución como abogado y como profesional. En relación con las insinuaciones falsas que algunas personas han hecho sobre la labor que realicé como abogado y el resultado de una demanda civil ventilada en la corte federal en contra del municipio de Guaynabo, reitero lo siguiente: Mis servicios legales a ese municipio ocurrieron hace cinco años, cuando comenzaba a ventilarse la querella de una empleada municipal. En esa etapa administrativa nunca se presentó toda la evidencia que, posteriormente, se sometió en el juicio en la corte federal. Fueron dos procesos distintos en su naturaleza y su propósito”, indicó Romero en declaraciones escritas.

“El informe que presenté se basó únicamente en la información que se me proveyó al principio de dicho proceso. En esa etapa no estuvo disponible la totalidad de la evidencia que se presentó en el tribunal cuatro años más tarde. De hecho, la Comisión Federal de Oportunidades en el Empleo, que también consideró este asunto en su inicio, no emitió una determinación sobre las alegaciones presentadas. Los casos judiciales los evalúa exclusivamente el tribunal de acuerdo con la evidencia que se presente. La sentencia emitida en la corte federal se determinó luego que desfiló evidencia adicional que nunca se presentó en el proceso inicial; incluyendo evidencia pericial, mayormente sobre hechos ocurridos posterior a mi labor como Oficial Examinador”, agregó.

“Como candidato a la alcaldía de San Juan sé que estoy expuesto a cuestionamientos de todo tipo. Ese es el caso de algunas personas que han tratado de crear un asunto político con un asunto serio y delicado. Esas personas también saben que los Cánones de Ética me impiden revelar detalles sobre la información que me fue presentada, el contenido del informe que presenté, las grabaciones de las entrevistas y los documentos recibidos en el transcurso del proceso administrativo hace cinco años. Al final, lo más importante es que me complace que, luego del rigor del juicio, la querellante pudo presentar su evidencia y vindicar sus reclamos”, destacó Romero.

Finalmente, el aspirante afirmó que seguirá enfocado en su campaña “basada en propuestas”.

“Reitero, aquel que base su campaña en falsedades, poco tiene que ofrecer y poca atención merece”, puntualizó.