La Colectiva Feminista en Construcción busca este sábado integrar más ciudadanos para hacerle un frente contra el desplazamiento político ante el incremento de personas que se les complicar conseguir un hogar digno en Puerto Rico, el aumento de más propiedades que se usan exclusivamente para arrendamientos a corto plazo y la merma de servicios esenciales accesibles.

La organización comunitaria, quien lleva más de un año haciendo un llamado a las instituciones gubernamentales a tomar acción contra este problema social, lleva a cabo la “Asamblea Contra el Desplazamiento” en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras, donde quiere unir a ciudadanos y otras entidades para discutir comó esta situación está impactando sus vidas y qué acciones se deben ejecutar para atajar este fenómeno en la Isla.

“Reconocemos la importancia de hacerle frente y luchar contra el desplazamiento político, que es ese que nos despoja de todo tipo de autonomía e injerencia en la toma de decisiones grandes en el País, que redunda en consecuencias materiales para la clase trabajadora, sobretodo, para comunidades empobrecidas en Puerto Ric,”, indicó Verónica del Carmen Figueroa Huertas, portavoz de la Colectiva a Primera Hora.

Ante las dificultades que se suman para el ciudadano común, Figueroa Huertas manifestó que la asamblea, abierta a todo público, persigue generar un análisis “común y compartido” sobre cómo el desplazamiento, como problema sistémico, ha agravado el bienestar individual y colectivo en el País.

“Cada vez son más las personas que se tienen que mudarse de sus espacios porque los edificios los compran y les terminan aumentando la renta, familias que se tienen que ir porque no pueden continuar con el pago de sus hipotecas y los terminan desahuciando, o familias que se tienen que ir del país para recibir servicios de salud que son inminentes para asegurar sus vidas. Estos no son cosas aisladas, son historias que vengo escuchando desde que soy pequeña, y todavía no llego a los 30 años”, manifestó.

La activista hizo alusión a cómo beneficiarios de la Ley 60, medida que otorga privilegios tributarios a inversionistas que se muden a Puerto Rico, han adquiridos complejos de apartamentos o edificios abandonados para convertirlos en espacios de arrendamiento a corto plazo de lujo.

“Esto es algo meritorio, algo que podamos reafirmarlo y, con un análisis que se expanda por el archipiérlago, esperamos salir con propuestas de acción”, agregó, al tiempo que fomenta al público a participar de la discusión y traer ideas “para ver cómo le hacemos frente al desplazamiento y que el Estado, a través del Gobierno, pueda decidir qué va a pesar, los inversionistas que vienen aquí hacerse de más dinero mientras que la gente aquí se empobrece, teniendo que salir del país, o si van a poner a nosotros como prioridades”.

La actividad contó con la participación de académicos y líderes comunitarios que utilizaron el micrófono para rechazar el desplazamiento, la gentrificación y la privatización de servicios públicos. Igualmente, varios abogaron por la unión para establecer un alto a medidas legislativas que continúen propiciando la desigualdad económica y social.