Niños son encontrados en condiciones de abandono en medio de operativos policiacos; una joven denuncia que estuvo dos años encerrada en su hogar; una madre deja a sus hijos en una comandancia o la revelación de que en enero se emitieron 1,466 referidos de maltrato de menores, de los que se han detectado 85 con fundamento, son algunos de los datos que resuenan en este inicio del 2026.

A manos llenas, el Departamento de la Familia se da a la tarea de investigar los incidentes y determinar si el menor de edad debe o no permanecer en su hogar. Pero, ¿cómo es que se da este proceso?

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, explicó a Primera Hora todo lo que ocurre desde que la agencia interviene para proteger a un menor de edad.

Lo primero que aclaró es que “no todos referidos que investigamos concluyen en una remoción (del menor de edad). De hecho, la mayoría no requiere remoción”.

Todo caso inicia con un referido. “Es una alerta de que algo esta ocurriendo que vulnera la salud y seguridad de un menor. Cuando llega esa alerta de esa llamada que nosotros recibimos regularmente a través de la línea de emergencia, pero que nos puede llegar a través de otros foros, la primera determinación inmediata es: ‘¿Hay peligro presente e inminente?’ Cuando se observa que, en efecto, es una circunstancia de peligro presente e inminente, son los casos que se atienden de manera inmediata, donde alguien se monta a un vehículo, un trabajador social para ser exactos, a dirigirse a evaluar la circunstancia. Una vez se llega al entorno a donde ha sido referido la situación, se evalúa si en efecto es un peligro presente e inminente. Si ese peligro esta ahí, asumimos una custodia de emergencia de esos menores”, detalló Roig Fuertes.

No obstante, la secretaria aceptó que la mayoría de los casos terminan con una determinación de que se pondría a la familia en un plan de acción protectora, no en asumir una custodia de emergencia.

Explicó que estos casos se pueden dar porque los padres que no llevan a sus hijos a las escuelas, no les ponen las vacunas requeridas o no les proveen los tratamientos médicos que necesitan. En este plan, la familia es supervisada por la agencia para lograrse el cumplimiento. En el interín, reciben orientaciones sobre el mejor bienestar del menor, cómo se disciplina, cómo se educa, cómo mantengo la casa ordenada, entre otras destrezas familiares. La secretaria comentó que organizaciones sin fines de lucro ayudan en esta tarea.

Pero, si la familia no cumple con este plan de acción protectora, se registran más incidentes en contra del bienestar del menor o se corrobora maltrato físico o negligencia, entonces la agencia llega al punto de asumir la custodia de emergencia.

¿Qué sucede?

Roig Fuertes indicó que, al separar al menor de su familia, lo primero que se hace es llevarlo a un médico para que le haga una evaluación física y mental. En esta evaluación, se buscan identificar señales de maltrato o abuso.

“Mientras eso se está dando, la investigación entra en curso y se está identificando la posibilidad de un recurso familiar que pueda servir de apoyo”, sostuvo.

Es que la primera opción, antes de llevar al menor a uno de los 82 hogares licenciados que reciben estos menores separados de su familia, es reubicarlos en casa de otro padre, abuelo o tía. La segunda opción son personas que tengan alguna afinidad con el menor. Pueden ser “una maestra, una vecina, una madrina”, contó la secretaria.

A las personas que se evalúan para reubicar al menor, se le hace una verificación de antecedentes con huellas dactilares, se les visita para entrevista y, si se determina utilizar como cuidador del menor, se le da seguimiento y un plan de acción protectora, detalló Roig Fuertes.

De no lograrse reubicar el menor, entonces se le lleva a un hogar que tenga contrato con la agencia. El mismo se selecciona según las necesidades o edad.

En todas las opciones, la persona que se queda a cargo del menor debe satisfacer necesidades diarias, incluyendo las educativas.

“Debe proveer todos los cuidados que tú y yo proveemos a un hijo nuestro”, comentó la titular.

En medio de este proceso y en un periodo de 72 horas, Familia debe acudir ante un juez a explicar la razón de su determinación para lograr que se ratifique la remoción, explicó la funcionaria. Entonces, se le concede a la agencia la custodia provisional.

Una vez ocurre la remoción y se proveen servicios a la familia, la agencia evalúa si se puede dar un proceso de reunificación familiar. La decisión toma en consideración la modalidad del maltrato que sufrió el menor, las consecuencias legales que tuvo que enfrentar el adulto por sus actos y el cumplimiento con el plan de servicio.

Si ninguno de los dos padres cumple con los requisitos, entonces Roig Fuerte indicó que Familia acude al Tribunal para solicitar la custodia permanente del menor. Para justificar el paso, se debe demostrar ante un juez que “no se ha cumplido con el proceso legal y el plan de servicio de ninguna manera, demostrando que no se ha adquirido destreza para que ese hogar se haya convertido en un hogar seguro para esos menores”.

De los miles de referidos que recibe Familia, en la actualidad la agencia tiene la custodia permanente de 967 menores, la custodia provisional de 1075, 311 menores en planes de adopción y 359 familias en espera para adoptar. Mientras, en el 2025 se dieron en adopción 141 menores y en enero pasado nueve menores fueron colocados en pareos para posible adopción, detalló la secretaria.

La funcionaria explicó que no todos los menores de los que tienen la custodia pasan a adopción. Expuso que muchos menores, afectados por la situación que enfrentan, prefieren quedarse en un hogar permanente, donde es parte del núcleo de una familia, sin que se realice la adopción legal. Otros pasan a programas de la agencia en los que se le enseña a vivir de manera independiente a lo que llegan a la adultez.

La entrega voluntaria

Estos casos de remoción de menores son diferentes a una entrega voluntaria que realiza, principalmente, una madre para que el estado se haga cargo de sus hijos.

Roig Fuertes explicó que, por ley, las entregas voluntarias aceptadas son aquellas de niños desde recién nacido hasta los tres años.

“Después de los tres años, no existe modalidad de entrega voluntaria en virtud de ley”, informó.

Dijo que estos casos son mínimos. De hecho, las estadísticas reflejan que en el 2022 hubo un solo caso de entrega voluntaria. Desde entonces, no hay más registros. Comentó que el año pasado se iba a registrar otro caso, pero la madre se retractó.

Dentro de la entrega voluntaria hay tres modalidades, la de una mujer embarazada que desea dar un niño en adopción, de una madre que toma la decisión dentro de las primeras 72 horas después del parto, así como los casos de los pequeños hasta los tres años. En cada uno de los casos, la ley le concede ciertos días para que la madre se retracte. Van desde siete a 15 días.

La entrega voluntaria se puede realizar ante el Departamento de la Familia o algún otro ente de seguridad, como la Policía, Cuerpo de Bomberos o Manejo de Emergencias. También se puede acudir a una iglesia o a algún centro de adopción.

La mayoría de los niños entregados son puestos en adopción.

Las entregas posteriores a los tres años suelen considerarse como “abandono”. Estos casos se atienden de manera similar a un referido, comentó la secretaria.

Si conoce de un caso de maltrato o negligencia, puede denunciarlo al Departamento de la Familia al 787-749-1333 o al 1-800-981-8333. También puede comunicarse al 9-1-1.