En momentos en que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced está cerca de enfrentar un juicio por un caso de corrupción a nivel federal por presunto soborno durante su campaña primarista para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), una organización sin fines de lucro busca recaudar fondos por ATH Móvil para cubrir los gastos de la representación legal de la entonces mandataria.

En un comunicado de prensa, se desprende que, presuntamente, la Corporación para la Defensa de la Justicia, la Verdad y la Honestidad se creó para “apoyar con recursos económicos a imputados de delito, para que estos tengan un proceso judicial justo, equitativo y con las herramientas legales necesarias para su defensa”.

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“La falta de recursos económicos no puede ser un obstáculo para que un ciudadano pueda demostrar su inocencia ante los tribunales. Nuestra constitución reconoce el derecho de todo acusado a tener una representación legal en todo proceso que enfrente. Hay ocasiones donde la capacidad económica de una persona imputada de delito, no permite que su defensa tenga todos los recursos conforme lo que requiere su caso, ubicando al ciudadano en una posición de desventaja en comparación con el Estado y todos sus recursos. Hay quienes que, ante esa realidad, se rinden ante la injusticia y el poder del Estado. Eso es inaceptable si queremos que toda persona que enfrente un proceso judicial tenga un verdadero acceso a la justicia” manifestó Frances Rivera, portavoz de la corporación, en declaraciones escritas.

La creación de esta entidad ocurre un día luego en que uno de los abogados de la exgobernadora, Luis Plaza Mariota, solicitó un “juicio rápido” para su clienta, que enfrenta cargos por por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico.

Asimismo, el letrado solicitó también que la otrora secretaria del Departamento de Justicia tenga “su propio caso” ante el juez federal Raúl Arias Marxuach.

Vázquez Garced enfrenta acusaciones junto al dueño del Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, presidenta del banco mencionado, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, y el exasesor político de la entonces mandataria, John Blakeman.

Díaz y Blakeman ya hicieron alegación de culpabilidad y colaboran con las autoridades federales.

El juez Arias Marxuach señaló vista de estatus de procedimiento para el próximo 6 de junio.