El Departamento de Justicia recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y contra la gerente de Finanzas del municipio, Yahaira M. Valentín Andrades, por las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), informó el secretario Domingo Emanuelli Hernández.

El secretario acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

También se les envió comunicación notificando dicha recomendación a las partes querelladas.

Justicia explicó que las presuntas actuaciones de ambos funcionarios constituyen violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2012, y también podrían constituir violaciones a los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores.

El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la DIPAC de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley 2 de 1988, mejor conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

“La responsabilidad que tiene un funcionario público es tan grande y valiosa, sobre todo cuando es electo por el pueblo que le otorga su confianza, que conlleva una obligación mayor de actuar con rigor y asegurar el uso correcto de los fondos públicos. El Departamento de Justicia continuará velando por el cumplimiento de la ley y tomando las acciones correspondientes, de manera justa y sin distinción de persona”, expresó el secretario.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.

Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.

El pasado 29 de marzo, el representante José E. Meléndez Ortiz solicitó a Justicia que investigara la conducta y actuaciones del alcalde y funcionarios municipales, así como el uso del dinero asignado por la legislatura estatal, luego de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) diligenciara varias órdenes de arresto relacionadas con unas transacciones financieras realizadas por personal contratado por el municipio de Mayagüez, MEDI y el primer ejecutivo municipal.

Debido a que la investigación fue referida a la OPFEI, el secretario y los funcionarios de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.