El director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el exsenador José “Memo” González, se expresó este martes indignado con la jueza que sentenció a Mayra Nevárez Torres por haber causado la muerte de Justin Santos Delanda, hermano del reguetonero Arcángel.

Afirmó que sus expresiones en contra del gobierno y la Legislatura fueron “irreverentes”. También aseguró que todo aquel que conduce borracho y causa un accidente fatal es un “irresponsable”, que debe tener su rehabilitación tras los barrotes y no en la libre comunidad.

“Lo que vimos ayer en la sentencia de esa juez, que respetamos el poder de la Judicatura, claro que sí que lo respetamos, pero utilizar el estrado para atacar el gobierno de Puerto Rico, para atacar a la Legislatura, para desearle suerte a una persona que mató a un inocente, es una irresponsabilidad de parte de la juez”, afirmó González, quien se observaba molesto, al enfatizar que “para mí es un acto irreverente”.

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La descarga la emitió por las expresiones que hizo la jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, cuando tuvo que revertir -por orden del Tribunal Supremo- la sentencia contra Nevárez Torres de 15 años de arresto domiciliario a 15 años de cárcel.

La jueza, antes de cambiar la sentencia, se expresó en contra de que Nevárez Torres tuviese que cumplir su pena en prisión. Aludió a que sería un gasto para el gobierno, pues se invertirían sobre $50,000 anuales como presidiaria.

“Lamentablemente, la respuesta social y del Estado al uso, abuso de drogas y o alcohol no ha sido tratada como un problema de salud, poniéndose énfasis en las acciones punitivas en lugar de las preventivas y de las terapéuticas. De hecho, recientemente se ha aprobado una ley que pretende establecer cárcel mandatoria en estos casos (de muertes en las carreteras en accidentes ocasionados por personas bajo los efectos de bebidas embriagantes). La eliminación de las alternativas al encarcelamiento y la de la discreción judicial limita la capacidad de los jueces para evaluar cada caso en sus méritos particulares y emitir fallos conforme al derecho aplicable, luego de una evaluación serena, imparcial y tomando en cuenta las situaciones de cada caso. En fin, las leyes deben estar regidas por la empatía, el amor, el perdón, la compasión y la misericordia”, expuso la jueza.

Añádió que “la encarcelación afecta a las familias, porque esa persona encarcelada no puede contribuir económicamente a esta y perpetua ciclo de exclusión social, impactando a la sociedad en su conjunto, ya que el costo lo absorbe el Estado a través de la contribución sobre ingreso de los ciudadanos”.

Mientras, a la convicta le dijo que, “aunque se ha ordenado que la pena se cumple en una institución penal y no en la comunidad, recuerde que la vida humana conserva su valor, sentido y propósito. Siempre proteja su integridad, no pierda la esperanza y busque caminos para alcanzar su rehabilitación. Le exhorto a que enfrente este proceso como una oportunidad de reconstrucción y crecimiento personal. Y finalmente, deseo de todo corazón que el señor Justin Santos descanse en paz y que sus familiares y amigos encuentren consuelo, serenidad y fortaleza, aún en medio del dolor”.

A González, quien dijo es padre de una quinceañera, no le gustaron las expresiones.

Defendió que un conductor que ocasione la muerte de otra persona por estar en estado de embriaguez vaya preso, según lo establece la nueva ley.

“En la cárcel vas a estar fuera de la bebida; en la cárcel vas a tener la oportunidad de utilizar, de que la conciencia te funcione y te trabaje, porque al final del camino le quitaste la vida a un inocente por irresponsable”, puntualizó el directivo.

De inmediato, indicó que en la cárcel sí hay opciones de rehabilitación.

“Sin duda alguna, en la cárcel va a tener servicios médicos completamente, en la cárcel también va a tener servicios psicológicos y psiquiátricos, donde vas a poder rehabilitarte eficazmente. Pero, más allá de lo que le pueda brindar el secretario del Departamento de Corrección y el gobierno de Puerto Rico, está la responsabilidad ciudadana y la conciencia de esa persona. Porque, si la persona no quiere rehabilitarse, no sa va rehabilitar, por más herramientas que le demos y más recursos. Esa es la realidad. Por eso, nosotros no solamente vamos buscando lo que es lo punitivo. Al contrario, nosotros vamos buscando también que exista el proceso rehabilitativo, de prevención y de educación”, puntualizó el exsenador.

En cuanto a la “justicia restaurativa” que mencionó la jueza, González insistió en que el gobierno ha enfatizado en campañas de prevención que han dado resultado. Alegó que antes en un bloqueo arrestaban a unos 120 conductores borrachos y ya la cifra ha disminuido a 40.

“O sea, esta llegando el mensaje que está llevando el gobierno”, manifestó.

Añadió que sería bueno “preguntarle a ella (la jueza) qué ha hecho en toda la carrera de juez para abonar a ese esfuerzo (de rehabilitación) positivamente”.

Aseguró que una persona en su hogar puede continuar con el uso de bebidas embriagantes.

Por otro lado, González enfatizó que los conductores no deben consumir bebidas alcohólicas y conducir. Reiteró este llamado antes las actividades de fin de año que se aproxima.

Comentó que buscarán en el 2026 establecer una campaña en la que se le dé algún tipo de descuento a las personas que soliciten transporte mediante una aplicación móvil para evitar que guíen borrachos.

Asimismo, mencionó que buscarán los fondos para que la Policía también pueda realizar pruebas toxicológicas a aquellos conductores que no registren consumo de alcohol, pero puedan estar bajo los efectos de sustancias controladas.