El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) expresó su disponibilidad para trabajar en una solución que facilite el acceso seguro de pescadores al área del Rompeolas de Aguadilla, incluyendo el establecimiento de un área para el estacionamiento de remolques de embarcaciones, de manera que pueda darse “un uso ordenado de la zona costera y garantizar la convivencia entre las actividades recreativas y la actividad pesquera”.

Así lo expresó el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, en la ponencia que presentó ante la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, como parte de los procesos de la Resolución Conjunta de la Cámara 113, medida que ordena al DRNA, en Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) “establecer un área designada para el estacionamiento de remolques pertenecientes a embarcaciones de pescadores debidamente autorizados para la pesca en el área del Rompeolas de Aguadilla”.

El proyecto también busca “establecer medidas que aseguren el acceso seguro de los pescadores al canal de navegación”, así como “crear un mecanismo de multas para penalizar la obstrucción indebida del canal”.

Si bien el DRNA expresó su respaldo a la medida, en sus comentarios hizo varias observaciones pertinentes, como el hecho de que los fondos federales que administra la agencia dirigidos a mejorar el acceso a recursos acuáticos y apoyar infraestructura relacionada con actividad pesquera y recreativa provienen del programa federal “Sport Fish Restoration” (Restauración de Pesca Deportiva), que van dirigidos a fomentar la pesca recreativa, y por tanto no podrían utilizarse para propósitos de infraestructura que beneficie a pescadores comerciales.

Por lo tanto, aclara el DRNA, la iniciativa “podría requerir la intervención de otras entidades gubernamentales con jurisdicción sobre el desarrollo del sector pesquero”, como es el Departamento de Agricultura de Puerto Rico.

Por otro lado, en lo relacionado a la imposición de multas por obstrucción del canal de navegación, el DRNA aclaró que la Ley 115-1997 no confiera a esa agencia autoridad expresa para imponer dichas multas. Así las cosas, recomendó evaluar la posibilidad de una enmienda a esa legislación, de manera que se confiera esa autoridad al DRNA de manera clara.

El DRNA alertó además que, para desarrollar la infraestructura en esa área, según propone la medida, “requeriría la asignación de fondos para dichos fines”.

Por otro lado, la agencia agrega que, en lo concerniente a la vigilancia del canal de navegación para mantenerlo libre de obstrucciones y el cumplimiento de las disposiciones aplicables en áreas costeras y marítimas, “podría colaborar, en coordinación con las agencias concernidas… particularmente mediante labores de vigilancia y orientación a los usuarios del área”.

Por su parte, el Departamento de Agricultura reiteró la postura que había expresado en una vista anterior, a favor de la medida, así como su deferencia a las otras agencias que entiende serían las encargadas de implantar la iniciativa propuesta, entiéndase DTOP, ACT, DRNA y el Municipio de Aguadilla.

El secretario Irving Y. Rodríguez Torres indicó en su memorial que entiende “que la finalidad de la medida es positiva y conveniencia para los pescadores”, y por tanto Agricultura se reiteraba en su apoyo a la aprobación de la resolución, así como su “disposición de colaborar para fortalecer iniciativas en beneficio de nuestros pescadores”.

De acuerdo con la información provista por Agricultura a la Cámara en su comparecencia inicial, en octubre pasado, actualmente hay en Puerto Rico unos 1,000 pescadores con licencia comercial, que pescan unas 2.5 millones de libras de pescado y mariscos al año, lo que representa unos ingresos de entre $12 a $15 millones.