Por orden de la gobernadora Jenniffer González Colón, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informó este sábado que revirtió la orden para sacar de las orillas de las carreteras PR-129, de Arecibo a Lares, así como la PR-100, en Cabo Rojo, a los vendedores ambulantes.

“La determinación tiene el propósito de revisar los reglamentos, las bases legales y los procedimientos aplicables al uso del derecho de vía estatal, así como coordinar con los municipios correspondientes la identificación de alternativas viables que permitan atender este asunto de manera ordenada, segura y conforme a la ley”, expone un comunicado de prensa, en el que no se atribuyeron las declaraciones a ningún funcionario.

La medida se da a semanas de que personal del DTOP removiera estructuras que ya habían levantado los vendedores para ubicar sus kioscos, que mayormente eran de venta de verduras y artesanías.

Según el DTOP, las comunicaciones emitidas contra los vendedores ambulantes se hicieron como parte de procesos relacionados con proyectos de infraestructura en ambas vías.

Se detalló que en la PR-129 se contemplan trabajos de repavimentación, mientras que en la PR-100 se ejecuta un proyecto de ensanche dirigido a mejorar la seguridad vial y el flujo vehicular.

El DTOP reiteró que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad en las carreteras estatales y velar por el uso adecuado del derecho de vía. Los paseos y márgenes de las carreteras cumplen funciones importantes para la seguridad vial, incluyendo visibilidad, acceso, respuesta a emergencias y espacio operacional para obras y mantenimiento.

De paso, la agencia aclaró que dejar sin efecto las cartas no constituye una autorización para ocupar el derecho de vía estatal ni limita la responsabilidad del Departamento de proteger la seguridad vial.

La medida permite realizar una evaluación adicional, coordinar con los municipios y atender cada situación de manera responsable.

Por otro lado, el DTOP informó que la carta emitida contra el señor Pedro “Pello” Santiago, en la carretera PR-7722, para removerlo responde a circunstancias distintas a las comunicaciones emitidas en la PR-129 y la PR-100.

“Ese asunto continuará siendo evaluado conforme a la reglamentación aplicable y tomando en consideración aspectos de seguridad vial, acceso y uso adecuado de las áreas bajo jurisdicción estatal”, se indicó.

La agencia reconoce la realidad económica de muchas familias que dependen de estos negocios y la importancia de atender el asunto con sensibilidad, coordinación intergubernamental y respeto al debido proceso de ley.

No obstante, se indicó que el objetivo es buscar un balance responsable entre la seguridad vial, el cumplimiento de las normas aplicables, la ejecución de obras públicas necesarias y el respeto a quienes trabajan todos los días para sostener a sus familias.

El Departamento indicó que continuará actuando con responsabilidad, sensibilidad y conforme a la ley, y que toda acción futura se tomará luego de la evaluación correspondiente y en coordinación con las partes pertinentes.