Una de las empresas evaluadas para que el Departamento de la Familia concediera un contrato de $38.5 millones para dar servicios educativos a estudiantes de escuelas públicas participantes del Programa de Asistencia Temporal para Familias (TANF, en inglés) rechazó haber “entregado o sometido esa cotización o propuesta” para ser considerada a la hora de seleccionar a quién le darían el polémico acuerdo.

Así fue establecido en una carta que la representante legal de Coccoloba AgroEnvironmental LLC, Nadja I. Cardona Portalatín, envió ayer, miércoles, a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tras haberla escuchado testificar en una vista del Senado sobre el sonado contrato.

La asociación de la empresa en la controversia, según alegó la abogada, “pone en entredicho el buen nombre de mi representada y el de su dueño, y exige una aclaración documental”.

La finalidad de la carta es que “se rectifique cualquier atribución incorrecta” que haya implicado a la empresa, que se dedica a asuntos ambientales, como la siembra de árboles y medidas para disminuir el uso del agua, haya participado del proceso.

“Evaluamos todas las alternativas legales para proteger los derechos y la reputación de mi representada y de su dueño, y reclamar los daños que se acrediten. Nos reservamos todos nuestros derechos”, se le advirtió a la secretaria, tras enumerarle un listado de exigencias de documentos que se le requieren para conocer la razón por la que la empresa se le implicó en la controversia.

La carta surge ante el testimonio que brindó ayer Roig Fuertes, en el que planteó que envió solicitudes para someter propuestas a 45 empresas para emitir el contrato de servicios educativos.

La titular de Familia alegó que el listado de empresas lo proveyó el Departamento de Educación.

“Tres de esas compañías respondieron al correo electrónico que se había designado para este propósito y fueron objeto de la evaluación”, sentenció a preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Estas empresas eran NOLA Education, que fue seleccionada para establecer en la Isla el programa Star Academy, así como Litoral Vivo y Coccoloba AgroEnvironmental.

El hecho es objeto de investigación del Senado, debido a que la destituida exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, ha asegurado que la secretaria la presionó para que firmara el contrato a favor de NOLA Education.

Roig Fuertes, en sus expresiones al Senado, no aludió a que las empresas presentaron propuestas. Lo que dijo fue que sometieron “documentos”.

“El proceso de evaluación se determinó que se hiciera a través de un evaluador independiente, como son las recomendaciones de toda la literatura para la transparencia. El evaluador independiente con autonomía independiente para la evaluación”, expuso Roig Fuertes.

El evaluador independiente fue LAP Consulting Group, Inc.

La abogada de la empresa Coccoloba AgroEnvironmental, sin embargo, rechazó expresiones hechas por la secretaria en torno a que el correo electrónico fue contestado al correo electrónico designado para ser partícipe del proceso.

“Su dueño se limitó a contestar la invitación a presentar propuesta que recibió de usted el 30 de diciembre de 2025, mediante un correo electrónico dirigido exclusivamente a su dirección electrónica”, explicó Cardona Portalatín.

En un comunicado de prensa, entretanto, la empresa expuso que “no enviamos esa contestación a ninguna otra persona ni dirección de correo electrónico, como alegó la secretaria durante su deposición en el Senado”.

“Contestar una comunicación en la cual declinamos participar del proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) por invitación, o compartir información general sobre los servicios que ofrece Coccoloba, no equivale, por ese solo hecho, a presentar una propuesta para el TANF. Coccoloba se dedica a la consultoría ambiental y al manejo de árboles. Aunque ofrecemos desarrollo profesional y educación en estos temas, los requisitos del RFP no están alineados con nuestra operación. Por ende, respondimos de forma cordial que no estaríamos enviando una propuesta”, añade la comunicación.

Se informó, además, que lo que la empresa sometió fue “un opúsculo y un perfil de Coccoloba y sus servicios, para que conocieran nuestras áreas de trabajo en caso de que surgiera la oportunidad de colaborar con el Departamento de la Familia en algún proyecto futuro afín a nuestras capacidades”.

Tras la aclaración, se le requirió a Roig Fuertes en la carta legal que, “dentro de cinco días calendario”, entregue información que utilizó Familia o la empresa que analizó la respuesta que emitió Coccoloba AgroEnvironmental y en la que se habría informado que no participarían del proceso.

Entre los documentos que esperan recibir de Familia está una “copia íntegra de la cotización o propuesta atribuida a Coccoloba AgroEnvironmental LLC, con todos sus anejos y versiones; el correo electrónico original, con sus encabezados y archivos adjuntos, o cualquier otra evidencia de envío o radicación que identifique al remitente, destinatarios, fecha, hora y medio de recepción; las hojas de evaluación, puntuaciones, informes y comunicaciones mediante las cuales ese documento fue considerado como propuesta de la empresa; copia íntegra de la cadena de correos y de cualquier comunicación que documente el reenvío o remisión de la contestación del dueño de mi representada, recibida en la dirección electrónica de usted, a LAP Consulting, al correo electrónico rfpfamilia@familia.pr.gov indicado en la solicitud de propuestas o a cualquier evaluador. Incluya los anejos y todos los comentarios o instrucciones añadidos”.

Además, se reclamó que, “si hubo una remisión impresa por cualquier medio, entregue la copia remitida y la evidencia de su entrega, identificando quién la hizo, a quién, cuándo y por qué medio. Si lo que obra en el expediente es una comunicación general sobre servicios, identifíquela y explique el fundamento para tratarla como propuesta. De no obrar cotización o propuesta alguna atribuida a mi representada, infórmelo por escrito dentro del mismo término”.

“Requiero, además, que se preserven íntegramente los documentos, correos electrónicos, archivos adjuntos y registros electrónicos relacionados con este asunto, incluidos los reenvíos y comentarios antes descritos”, concluyó la abogada.