El Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) explicaron este miércoles ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de dónde saldrían los recaudos para poder poner en vigor la reforma contributiva que está impulsando el Gobierno, y, ante preocupaciones de legisladores, dejaron la puerta abierta a la eliminación de las disposiciones que afectarían la instalación de equipos solares y la compra de vehículos eléctrico e híbridos.

Las tres agencias se expresaron en respaldo a la medida, asegurando que es “fiscalmente responsable” y cumple con el Plan Fiscal certificado y las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Tal como se ha dicho ya, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, afirmó que “el beneficio mayor (de la medida) es la reducción de las tasas contributivas” para la mayoría de los contribuyentes, así como el aumento de $2,500 a $5,000 por cada dependiente.

“La propuesta ante nuestra consideración es fiscalmente responsable y, a la vez, representa un paso concreto para aliviar la carga económica que enfrentan miles de familias, al generar ahorros y economías en el gasto público que redundan en una mejora tangible al costo de vida de los ciudadanos”, afirmó el secretario.

Pantoja indicó que el costo de la reforma se estima en $550 millones, que es dinero que se estaría poniendo en el bolsillo de los contribuyentes. Subrayó que el proyecto debe verse en conjunto con las otras medidas de reforma ya aprobadas, y reiteró que “el 99% de los contribuyentes no reciben una carga (contributiva) mayor”.

¿Y los chavos, dónde están?

El presidente de la Comisión, Eddie Charbonier, preguntó de dónde saldría ese dinero, y si el mismo era recurrente, subrayando que ese elemento es esencial para que la medida pueda verse como fiscalmente responsable, además de neutral, de manera que no sea rechazada por la JSF.

El director de OGP, Orlando Rivera Berríos, detalló que $280 millones saldrían de la eliminación de un descuento de 5% y 8% que por ley se concedía a todo contribuyente, según su tasa tributaria, $30 millones de la derogación de arbitrios a vehículos eléctricos que entraría en vigor el 1 de julio próximo, $18 millones de la derogación de exención al IVU a equipos solares, y $1 millón de la derogación de exención al IVU al material promocional importado. Además, con la reducción de gastos en las agencias de gobierno, incluyendo las contrataciones externas, que totaliza $227 millones, el total de recaudos supera los $550 millones, dejando $6 millones adicionales.

Durante la vista del Proyecto de la Cámara 1014, en la que hubo una participación bastante amplia de representantes, los temas de la derogación de exención al IVU a equipos solares, y de la derogación a arbitrios a vehículos eléctricos fueron los más debatidos.

De hecho, varios legisladores dejaron claro que no aprobarían ningún tipo de medida que suponga una carga adicional a los contribuyentes, y, en particular en lo que respecta a los equipos solares, se expresaron en contra de que se penalizara la instalación de esos equipos, defendiendo que se han convertido en un elemento esencial en la vida de muchas familias, máxime cuando se toma en cuenta la fragilidad del sistema eléctrico y su elevado costo.

Pantoja abundó sobre ambos temas y, en el caso de los autos eléctricos e híbridos, indicó que la mayor parte de esos vehículos que se importaban en Puerto Rico, con todo y la exención del arbitrio, tenían un valor que superaba en promedio los $70,000 y por tanto no era “el ciudadano de a pie, la clase trabajadora”, que son el objetivo principal de la reforma, quienes se benefician de adquirir esos vehículos, sino más bien personas con más recursos.

Sobre los equipos solares, recordó que los incentivos federales que se otorgaban a la instalación de equipos solares dejarán de existir con los cambios en la política federal.

Indicó que, aunque sí afectaba a quienes quisieran instalar sistemas, “en el balance de intereses”, se beneficiaba a la mayor cantidad de personas.

Aclaró que el estimado de $18 millones solamente contemplaba la imposición de IVU a equipos, no al arrendamiento. Abundó que, de ser necesario, se enmendaría el lenguaje para establecer con claridad que la medida no incluía una carga adicional al ciudadano en el arrendamiento.

En cualquier caso, los funcionarios se mostraron dispuestos trabajar enmiendas, ya fuera para dejar claro que la eliminación de exención de IVU no incluía el arrendamiento de paneles solares, o incluso la eliminación de la disposición relacionada a su instalación.

Pantoja, de hecho, indicó que si se eliminaran esos $18 millones, la legislación continuaba siendo fiscalmente neutral y podía seguir adelante.

De manera similar, estableció que la disposición en torno a vehículos también eléctricos o híbridos estaba abierta a enmiendas, y también estableció que, de eliminarse, incluso si se hace en conjunto con la disposición sobre equipos solares, comoquiera la reforma podía continuar adelante, y de ser necesario se podría identificar fondos adicionales de otra fuente.