La exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó en la tarde de este martes al Tribunal federal que desestime su caso de corrupción pública, al notificar que fue indultada por el presidente Donald Trump.

En un documento, titulado “Aviso de indulto presidencial total e incondicional”, la exprimera ejecutiva hizo constar que el pasado jueves se le extendió una clemencia ejecutiva por el caso por el cual fue acusada en la esfera federal.

“La acusada Wanda Vázquez Garced, por medio de sus abogados, notifica al Tribunal que ha recibido y aceptado un indulto total e incondicional otorgado por el Presidente de los Estados Unidos el 15 de enero de 2026. En vista del indulto presidencial total e incondicional y su aceptación por parte del demandado, este asunto es irrelevante y el demandado solicita respetuosamente al Tribunal que desestime con efecto el caso mencionado y ordene su cierre”, dice el documento.

Añade que “habiendo notificado el indulto presidencial y su aceptación por parte del acusado, el acusado solicita respetuosamente a este Tribunal que desestime con efecto el caso mencionado y ordene su cierre”.

El documento fue procesado por su abogado, Ignacio Fernández de Lahongrais.

La aceptación del indulto surge a pocas horas de que uno de los coacusados, el exagente federal Mark Rossini, hiciera lo propio.

De hecho, fue la Fiscalía federal fue quien solicitó ayer, lunes, que los indultados aceptaran el perdón de Trump.

Faltaría que haga lo mismo el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, quien también recibió el indulto.

El exfiscal federal Juan Mancini explicó a Primera Hora que “una vez se acepta indulto, el tribunal pierde jurisdicción (de caso). Esa es la palabra clave”.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones. Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF.

Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando en la dependencia.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. La Fiscalía federal presentó ayer un recursos ante la corte para desestimarle el caso.

La Fiscalía federal explicó que su petición responde a que los “conspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.