La exgobernadora Wanda Vázquez Garced y los otros dos coacusados en su caso por corrupción pública solicitaron este martes al Tribunal federal que desestime su caso de corrupción pública, al notificar que fueron indultados por el presidente Donald Trump.

En los documentos presentados, se hace constar que el pasado jueves se le extendió un “perdón completo e incondicional” por el caso por el cual fueron acusados en la esfera federal.

En el caso de la exgobernadora, el aviso hace constar que “la acusada Wanda Vázquez Garced, por medio de sus abogados, notifica al Tribunal que ha recibido y aceptado un indulto total e incondicional otorgado por el Presidente de los Estados Unidos el 15 de enero de 2026. En vista del indulto presidencial total e incondicional y su aceptación por parte del demandado, este asunto es irrelevante y el demandado solicita respetuosamente al Tribunal que desestime con efecto el caso mencionado y ordene su cierre”, dice el documento.

Añade que “habiendo notificado el indulto presidencial y su aceptación por parte del acusado, el acusado solicita respetuosamente a este Tribunal que desestime con efecto el caso mencionado y ordene su cierre”.

El documento fue procesado por su abogado, Ignacio Fernández de Lahongrais.

El primero en presentar la aceptación del indulto fue el exagente federal Mark Rossini. En su notificación se expone que “Mark T. Rossini, a través de su abogado, acepta por la presente el indulto total e incondicional otorgado por el Presidente el 15 de enero de 2026, según se menciona en la Notificación del Gobierno [Casos núms. 22-cr-342, ECF núm. 895]. Esta aceptación se aplica a todos los cargos derivados de los Casos núms. 22-cr-342 y 25-cr-298 en el Distrito de Puerto Rico. En consecuencia, el señor Rossini solicita la desestimación de todos los cargos pendientes ante este Tribunal con efecto perentorio”.

Mientras, Herrera Velutini fue el último en presentar su aceptación del perdón, otorgado por Trump.

En su notificación se expone que “Julio M. Herera Velutini, a través de su abogado, por la presente acusa recibo y acepta el indulto total e incondicional otorgado por el Presidente de los Estados Unidos el 15 de enero de 2026, según se menciona en la Notificación del Gobierno, Expediente núm. 895. Esta aceptación se aplica a todos los cargos derivados de los casos núms. 22-cr-342 y 25-cr-297 en el Distrito de Puerto Rico. En consecuencia, el señor Herrera solicita respetuosamente que el Tribunal desestime todos los cargos pendientes ante este Tribunal con perjuicio”.

Fue la Fiscalía federal la que solicitó ayer, lunes, que los indultados aceptaran el perdón de Trump.

El exfiscal federal Juan Mancini explicó a Primera Hora que “una vez se acepta indulto, el tribunal pierde jurisdicción (de caso). Esa es la palabra clave”. Dijo que no es una aceptación de que han cometido algún delito.

Este caso contra Vázquez Garced data de agosto de 2022.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones. Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF.

Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando en la dependencia.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. La Fiscalía federal presentó el lunes un recursos ante la corte para desestimarle el caso.

La Fiscalía federal explicó que su petición responde a que los “conspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.