El gobierno de Puerto Rico podría deberle millones de dólares a un grupo de confinados que nunca recibieron el pago de los incentivos que aprobó el gobierno federal durante la pandemia del COVID-19.

La información la dio a conocer el Procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, quien explicó que por los pasados dos años, esa oficina investiga por qué cerca de 5 mil pagos nunca fueron emitidos por el Departamento de Hacienda, o se emitieron, pero los cheques de $600, $1,200 o $1,400, nunca llegaron a las manos de los destinatarios finales.

García Feliciano explicó que todo se originó como resultado de un acuerdo judicial, luego que grupos confinados demandaran al gobierno federal por haberlos excluido del pago de esos incentivos.

“En California se llevó un caso y en Puerto Rico se hizo lo propio. En el caso de California se determinó que procedía el pago a los confinados y aquí se hace un acuerdo entre el Departamento de Corrección y el Departamento de Hacienda. El Departamento de Hacienda iba a trabajar con las planillas, para determinar si a ese confinado se le debía ese pago, si no había sido reclamado por otro contribuyente, etcétera. Una vez se le daba el visto bueno y se determinaba que al confinado se le debía el dinero, se suponía que Hacienda emitía el pago y se le entregaba a Corrección. En marzo del 2024, la Secretaria de Corrección solicitó nuestra intervención en el asunto porque el Departamento de Hacienda estaba un poco lento en el proceso de las planillas de cada confinado, porque había que trabajar con los cerca de siete u ocho mil confinados que había en ese momento”, apuntó.

Eventualmente, a finales del 2024, un grupo de confinados recibió los pagos que les correspondían, algunos de los cuales, en ciertas instancias, fueron directamente a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), pero “eventualmente, nos percatamos que se había quedado una cantidad significativa, cerca de 5,500 pagos sin procesar o que no tenían una explicación”. En este punto, el funcionario aclaró que la cantidad de pagos, no necesariamente se traduce en cantidad de confinados porque hay confinados que eran elegibles a más de un pago”. García Feliciano no especificó a cuanto puede ascender el monto adeudado.

El Procurador explicó que tras iniciar la investigación, comenzaron a encontrar cheques que se emitieron, pero nunca se pagaron. “Estamos empujando esta investigación porque nos parece justo y razonable, que si el confinado tenía derecho a cobrar, que se le pagase, y si ese dinero tenía que ir a Asume, que fuese a Asume... Pero no puede ser una justificación el que no conseguí al confinado, o que el confinado salió de la institución. Nada de eso para nosotros es razonable”, sostuvo.

Añadió que a la larga, la Oficina del Procurador procura establecer cuantos confinados recibieron los pagos, cuantos confinados no recibieron los pagos, porque razón no se les pagó, donde se encuentra ese confinado actualmente, si el confinado falleció y tenía derecho al pago, donde están los herederos que tendrían derecho a recibir ese pago, cuales de esos pagos deben ir o fueron a Asume, si Hacienda devolvió los fondos a Gobierno Federal, por qué los devolvió cuando sabían que tenían que hacer el pago.

Pero mucho más importante, el Ombudsman busca establecer finalmente que acciones se van a seguir para reclamar el dinero al Gobierno Federal si es que el dinero fue devuelto, y si el dinero ya no está disponible, ¿cómo va a responder el Departamento de Hacienda? “Si el dinero federal se devolvió, si hay probabilidad o posibilidad de reclamar el dinero o se tendría entonces que reponer del Gobierno Estatal, en cuyo caso requeriría acción de la Legislatura”, puntualizó el funcionario.

Primera Hora solicitó una reacción al Departamento de Hacienda, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta por parte de algún funcionario de esa agencia para que hable sobre el particular.