El gobernador Pedro Pierluisi anunció está tarde que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) accedió a no recortar las pensiones como parte del plan de ajuste fiscal que se presentará para poder sacar a Puerto Rico de la bancarrota.

Poco después, la JSF hizo público el documento al que hacía referencia el gobernador, indicando que, aunque el ente fiscalizador continúa teniendo sus reservas con el posible impacto que pueda tener en el plan no hacer recorte alguno de pensiones, “está dispuesta a aceptar los deseos de los representantes electos por los residentes de Puerto Rico... Cuando la Legislatura y el gobernador pongan en vigor la legislación, la Junta de Supervisión Fiscal enmendará el Plan para eliminar los recortes a las pensiones de los empleados públicos”.

La misiva también indica que, “dada la oportunidad única que tiene Puerto Rico, y la JSF entiende que los beneficios económicos que resulten de la confirmación del Plan permitirían ciertos gastos adicionales”, y por tanto la JSF no se opondrá a legislación que incluya:

-Algún requisito de que el plan a confirmarse sea enmendado para que no haya recorte alguno a las pensiones de retirados, a menos que la Corte de Distrito federal tome otra determinación (pero para dejarlo claro, este requisito no se extiende a la congelación de pensiones de los sistemas de pensiones de la Judicatura y los maestros, o la eliminación de ajustes al costo de vida contenidas en el Plan de ajuste).

-Provea fondos adicionales, dentro de ciertos límites, a los municipios, para que puedan ofrecer servicios esenciales.

-Provea fondos adicionales para la UPR (Universidad de Puerto Rico) para que sean utilizados en mejorar la experiencia de los estudiantes y su ambiente, tales como aportaciones de $500 millones anuales, por cinco años entre los años fiscales 2023 y 2027, mientras la UPR implementa reformas estructurales y operacionales.

-Provea fondos de $1 millón para hacer un estudio sobre la posibilidad de extender la cobertura de plan médico a residentes que no están asegurados.

-Cree un mecanismo para avanzar los términos de pago y cancelación de deuda luego que disuelva la Junta de Supervisión Fiscal

-Establezca un equipo de trabajo conjunto entre la JSF, la Legislatura y la Rama Ejecutiva.

Por otro lado, el gobernador Pieliuisi indicó, en una conferencia de prensa en la que se presentó un Programa de Refuerzo Académico para los estudiantes del sistema de escuelas públicas, que esperaría por la recomendación que hagan sus asesores legales para decidir si acudirían al Primer Circuito de Apelaciones de Boston a apelar la decisión anunciada ayer por la jueza federal Laura Taylor Swain que anuló la Ley 7 de Retiro Digno. Aclaró, sin embargo, que no estaba inclinado a dar ese paso, y reiteró que, desde un principio estaba claro en que esa ley chocaba contra la Ley PROMESA federal.