Aunque con tremendo regaño, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le dio su aprobación el lunes a la amnistía en el pago de multas, promulgado por el Gobierno de Puerto Rico y que entró en vigor el miércoles.

En una carta de dos páginas dirigida al secretario de Transportación y Obras Públicas, (DTOP) Edwin González Montalvo, el director de la JSF Robert Mujica, le advirtió que el organismo aprobó la implementación de la amnistía, pero le advirtió que la aprobación del reglamento que la viabiliza se realizó exclusivamente con la información que entregó el DTOP, y no se pudo corroborar de manera independiente, por lo que “si la Junta de Supervisión detecta alguna inexactitud o tergiversación, ya sea intencional o no, reevaluará su evaluación”.

El organismo fiscal también recordó en su carta que el Gobierno tiene la obligación de cumplir con lo establecida por la ley Promesa, lo que en el caso de la Ley que viabiliza la amnistía, aprobada el 1 de enero por la gobernadora, no ocurrió. “La Sección 204(a) de PROMESA exige que el Gobernador presente a la Junta de Supervisión todas las leyes recién promulgadas a más tardar siete días hábiles después de su promulgación. El Gobernador también debe presentar una estimación formal del impacto que la ley tendrá en los gastos e ingresos, y una certificación que indique si la ley es o no significativamente incompatible con el plan o planes fiscales certificados aplicables (la “Presentación de la Sección 204(a)”, reza la carta.

Mujica recordó que el gobierno debía presentar la Ley y todo lo relacionado a su impacto fiscal a más tardar el 15 de enero de 2026, pero en su lugar, en esa fecha, la Autoridad de Asesoría Fiscal y Administración Financiera solicitó una prórroga de 45 días hábiles, hasta el 25 de marzo, para hacerlo.

“Posteriormente, la Junta de Supervisión tuvo conocimiento de informes de prensa que indicaban que el Gobierno tenía previsto que la Amnistía de Multas de Tránsito entrara en vigor el 12 de marzo de 2026; es decir, antes de la fecha prorrogada del 25 de marzo de 2026 para que el Gobernador presentara la Sección 204 a la Junta de Supervisión, según lo solicitado por la AAFAF”.

De la carta se desprende que no fue hasta el mismo día que se anunció que entraría en vigor la amnistía, que el gobierno envió la información requerida a la JSF. “A la Junta de Supervisión le preocupa que el Gobierno haya tomado medidas para implementar la Propuesta de Reglamento antes de que la Gobernadora presentara la la Sección 204 en relación con la Ley 1-2026″, reza la misiva en la que Mujica añade que la JSF “solicita que el Gobierno cumpla con la Ley PROMESA para que la Junta de Supervisión tenga tiempo suficiente para revisar las leyes promulgadas y los reglamentos de aplicación y evaluar su conformidad con el Plan Fiscal Certificado”.

La Junta indicó que tras revisar el reglamento que se propuso, lo designa como “Aprobado”, pero aclara que no se hizo una revisión exhaustiva de la Ley 1-2026 y que no podrán realizar la misma hasta recibir la Sección 204, por lo que “la revisión realizada por la Junta de Supervisión no constituye una revisión legal conforme a las leyes, normas y reglamentos aplicables, tanto federales como locales, incluyendo, entre otros, el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos laborales aplicables”.

Por último, en su carta, Mujica añadió que tras aprobar el reglamento, “nos reservamos el derecho de presentar observaciones adicionales y modificarla con base en información que no se le haya indicado a la Junta de Supervisión durante la revisión”, y que en el transcurso e la revisión de la Ley, podrían remitir a las autoridades pertinentes cualquier información que reciban, que a su criterio, entiendan deben ser revisadas por las mismas.

“Esta carta se emite únicamente al DTOP y únicamente con respecto al Reglamento Propuesto. Esperamos seguir trabajando con usted para el beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluye la misiva.

La Ley 1 del 2026 que entró en vigor el miércoles viabiliza una amnistía en el pago de ciertas multas de hasta un 40%, o un 10% si hace un plan de pago para liquidar las deudas.