La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que aprobó y certificó la radicación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico, una petición voluntaria bajo el Título III de la Ley Promesa para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante -Cofina-.

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, explicó que, a partir de la solicitud correspondiente por parte del Gobierno de Puerto Rico, la Junta determinó que era necesario y apropiado que Cofina radicara dicha petición voluntaria "para proteger a los residentes de Puerto Rico, a Cofina y los intereses de sus acreedores".

Todo ello, recordó, a tenor de la expiración este lunes de la moratoria contra litigios dispuesta en Promesa.

Carrión enfatizó que es igual al caso de la radicación bajo Título III del Estado Libre Asociado (ELA), este miércoles.

Esta radicación bajo el Título III por parte de Cofina "no debe excluir esfuerzos para continuar las negociaciones para la reestructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores".

"La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello," dijo Carrión en una nota.

El presidente de la JSF explicó que el Plan Fiscal certificado para el gobierno de Puerto Rico, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, "contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos".

Todo ello "en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda".

"Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre", añadió.

Bajo Promesa, el Gobierno de Puerto Rico, con el apoyo de la Junta de Supervisión, ha propiciado negociaciones voluntarias y mediación en un esfuerzo de llegar a acuerdos consensuados con sus acreedores, recordó en un comunicado.

Pero la expiración el lunes de esta semana de la moratoria contra litigios dispuesta en Promesa, "hacía a Cofina vulnerable a litigios por parte de sus acreedores".

"La radicación voluntaria bajo el Título III precluiría dichos litigios mientras permitiría que negociaciones consensuales continúen", agregó.

En su resolución aprobando y certificando la radicación bajo Título III para Cofina, la JSF especificó que la misma cumple con los requerimientos de Promesa para dicha radicación, incluyendo la determinación de la Junta de Supervisión de que Cofina "hizo esfuerzos de buena fe para llegar a una restructuración consensuada con sus acreedores".

Además, agregó, "adoptó los procedimientos necesarios para presentar puntualmente estados financieros auditados e hizo públicos borradores de estados financieros y otra información suficiente para que cualquier persona interesada pudiera hacer una decisión informada con respecto a una posible reestructuración, entre otras determinaciones".

"La Junta de Supervisión toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital", concluyó Carrión.