En medio de la controversia que arropa a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuentes por su supuesta intervención en la otorgación de un contrato que se alega habría impulsado cuando trabajaba en el Departamento de Salud y por el que se pagaban unos $60,000 mensuales, el Departamento de Justicia certificó que no existe constancia de que la funcionaria tuviera conocimiento de una investigación en su contra, cuando fue designada al cargo que ocupa.

“En el día de hoy, el Departamento de Justicia ha remitido formalmente al Senado de Puerto Rico una certificación oficial relacionada con la petición de información 2026-0059. Tras una revisión exhaustiva de los expedientes de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), hemos certificado que no existe constancia de que la Sra. Suzzane Roig Fuertes fuera notificada como tarjeta o persona de interés en investigaciones administrativas, civiles o criminales vinculadas a sus funciones previas en el Departamento de Salud entre los años 2021 y 2025″, indicó en declaraciones escritas la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres

La Funcionaria añadió que conforme al trámite ordinario de la institución, “no es la práctica general notificar el inicio o la conclusión de este tipo de investigaciones de integridad pública, salvo requerimiento expreso de la ley. Por tal razón, se ha hecho constar que el cierre de la investigación bajo el caso 2022-31-102-00022 no fue notificado a ninguna de las partes involucradas”.

Según la Secretaria, el caso tampoco fue referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente porque el puesto que ocupaba como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, “no era uno de los enumerados en el artículo 4 de la Ley Núm. 2 del 1988 conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”.

Los señalamientos contra Roig Fuertes surgen a raíz de declaraciones del exsecretario de Salud, Carlos Mellado, quien alegó que esta habría intervenido en gestiones relacionadas con un contrato que pagaba $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente, cuando normalmente este tipo de servicios ronda los $5,000 mensuales.

El exsecretario añadió que, en dicha transacción, la hoy secretaria de la Familia habría condicionado el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC fuera la encargada de ofrecer los servicios de cuido y seguridad.

El Departamento de Justicia habría investigado el asunto y cerrado la pesquisa; sin embargo, según documentos presentados en el programa Rayos X, no se realizaron entrevistas durante la investigación, ya que esta se limitó al análisis de documentos suministrados por el Departamento de Salud, agencia desde la cual se realizaron los pagos a la empresa en cuestión.