En una publicación en sus redes sociales, la empresa LUMA Energy reveló hoy que contrademandó al Gobierno de Puerto Rico, “tras la decisión de la jueza (Laura Taylor) Swain de enviar los casos de vuelta a los tribunales locales”.

En sus declaraciones, el conglomerado energético aseguró que “en las demandas radicadas por el Gobierno, en las que utilizan su poder para de manera ilegal intentar cumplir con una promesa de campaña, sin importar las consecuencias que sufrirá el pueblo de Puerto Rico”. Además acusó a la administración de “actuar con mala fe, dolo intencional (voluntad maliciosa de engañar a alguien, de causar un daño o de incumplir una obligación contraída) y de manera temeraria”, en su empedernido afán de ganar las elecciones.

En su reclamo, LUMA alega que el gobierno insiste en utilizar fondos públicos para “con argumentos frívolos, carentes de mérito, actuar hoy en contra de sus propias decisiones cuando extendió el contrato suplementario de LUMA”, y que la cancelación del acuerdo le costará al pueblo $4,500 millones, “en daños y costos operaciones”.

El conglomerado energético añadió que: “Este tipo de acciones, motivadas políticamente, fue en parte lo que llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra”. La empresa afirmó también que “la terminación del contrato con LUMA causaría caos en Puerto Rico y comprometería la operación del sistema eléctrico”, además de poner “en entredicho la credibilidad de esta administración ante el sector privado global”.

Por último, la empresa sostuvo que “los sobre 4,000 puertorriqueños de LUMA han levantado la red eléctrica contra viento y marea” y que “llevaremos esta batalla legal para defender a nuestros casi 1.5 millones de clientes.

Luego que durante la pasada campaña eleccionaria, la gobernadora Jenniffer González prometiera la cancelación del contrato de LUMA Energy en el primer año de su mandato, en diciembre pasado su gobierno presentó dos demandas contra LUMA, en las que se solicitaba la cancelación del contrato y que el Tribunal proveyera los medios necesarios para radicar una transición ordenada.

LUMA Energy recurrió esa demanda ante el Tribunal Federal, alegando que dichas demandas debían ser vistas por la jueza Swain en virtud de la Ley PROMESA. Pero en mayo pasado, Swain determinó que la Ley PROMESA no revierte los poderes de gobierno de velar por los mejores intereses de sus ciudadanos, por lo que los pleitos deben verse en el Tribunal Local.