El portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos, reconoció que el decir que los exgobernadores Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá también compraron drones pirámides para tránsito a $500, cada uno, no es la mejor defensa del Gobierno.  

La semana pasada, Primera Hora reveló que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) pagó $300,000 por 600 drones anaranjados luego del paso del huracán María, cuando el costo promedio por unidad es de $75.

En sus primeras declaraciones, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que investigaría el asunto, pero estableció que los aparatos fueron adquiridos en medio de una emergencia.

Hoy el representante José “Pichy” Torres Zamora, vicepresidente de la Cámara de Representantes, dijo en comunicación escrita que la ACT, bajo las administraciones de los hoy exgobernadores populares, también realizó múltiples compras de cientos de “safety drums” o drones anaranjados a razón de $500 cada uno, entre los años 2002 y 2008.

El representante por acumulación sostuvo que “aunque el precio que pagó la Autoridad de Carreteras y Transportación durante esos años por cada dron anaranjado es igual a la que se pagó en 2018 bajo esta administración, llama la atención que en esta ocasión estábamos en una situación de emergencia que encarecía los costos, como consecuencia del paso de los huracanes Irma y María. Sin embargo, en los años 2002 y 2008 no había una crisis que pudiera justificar un pago por esa cantidad. Además, según la información que hemos recopilado, los drones que se adquirieron en esta administración permanecen en la Autoridad de Carreteras, son comprados, mientras que los drones que compraron sin crisis y por el mismo precio bajo el PPD son rentados, pues el contratista se quedó con ellos una vez terminó cada proyecto”.

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ACT no pudo precisar el inventario actual de este tipo de señalización vial.

“Independientemente si el dron está a 500 pesos y es a sobreprecio, la realidad del Partido Popular es que le fallan al pueblo de Puerto Rico cuando denuncian y traen ese ítem de los $500 por dron, cuando ellos, también pagaban 500 pesos por dron, porque era el precio unitario que se estaba pagando en ese momento y ahora se adjudicó en una subasta que iba a pagar el gobierno federal y que se pagó para marcar carreteras que estaban en problemas”, dijo Torres Zamora a este diario.

Según el legislador de la Palma, el PPD “lo que desea es minimizar el trabajo que se está haciendo en Puerto Rico de reparar carreteras”.

Carmelo Ríos invitó, asimismo, al representante popular, José “Conny” Varela, “para que enmiende la Resolución que radicó para investigar la compra de drones por esta administración e incluya los periodos de 2002 y 2008, para que el pueblo de Puerto Rico conozca las razones por las que en ese entonces también se pagaron los drones anaranjados a $500 cada uno”.

El también subsecretario del Partido Nuevo Progresista destacó que “varios de los contratos otorgados por la administración popular de Sila María Calderón para la compra de drones anaranjados, fueron adjudicados a la compañía Carro & Carro, la misma compañía que se llevó la subasta que denunciaron los populares la semana pasada, y que alegaron favoritismo por vincular a su dueño con líderes del Partido Nuevo Progresista”.

Primera Hora intentó conseguir los contratos a los que alude Torres Zamora, pero no aparecen en la página del Contralor ni tampoco han sido suministrados por el legislador.

Ante la controversia, Ríos señaló que la discusión de los drones no es si se compraron o no, y sí “dónde el sistema está fallando para que se dé esa compra de $500”.

Insistió que “la discusión debe ser por qué los estamos pagando, dónde el sistema está fallando y cómo lo puedo corregir”.

De igual forma, argumentó que la respuesta a esa controversia la debió dar la secretaria de la ACT, Rosana Aguilar.

“El gobernador no debió estar contestando esa pregunta. Debió haber sido la secretaria, y es un error que deben hacerse los ajustes por Puerto Rico, no por la imagen del gobernador”, insistió al mencionar que cuando él ve un dron no le ve un signo de dólares y un asunto para politiquear y sí para demostrar que se está construyendo.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres Torres, quien denunció que la ACT pagó a “sobreprecio” por estos drones de seguridad, dijo que el PNP demuestra impunidad cuando recurre en su defensa decir que otros gobiernos lo hicieron mal, cuando pagaron $500, por cada dron, y que “por lo tanto, no hay nada malo en hacerlo de nuevo”.

“Eso evidencia el grado de impunidad que prevalece en el PNP y la absoluta resolución de no hacer nada por poner costo a las malas prácticas que han empujado a Puerto Rico a su peor crisis fiscal. Sea quien sea, y del partido que sea, sabe que lo ha hecho mal”, agregó Torres.

Junto a Varela, el presidente del PPD emplazó a Torres Zamora a que muestre los contratos de carreteras bajo las administraciones de los exgobernadores de la Pava sobre la compra de drones.

“Me parece interesante que el planteamiento del PNP, pasada ya una semana desde que salió la denuncia, sea hoy que administraciones del PPD compraron drones pagando esa misma cantidad. Ellos tienen todos los elementos siendo gobierno para hacer las investigaciones y tratan de justificar un mal con un mal”, reaccionó Torres Torres.

“El hecho que supuestamente una pasada administración haya hecho compras en exceso no justifica que esta administración haga lo mismo. Le digo al compañero, que abran los libros, que aprueben la resolución que radiqué y vemos si hubo o no alguna irregularidad en el proceso de subasta que llevó a cabo la Autoridad de Carreteras”, dijo, por su parte, Varela.

“Si buscamos transparencia para que los procesos se lleven bien para beneficio del País, que se haga todo lo que tiene que hacerse. Estoy dispuesto a sentarme con el compañero (Torres Zamora) a ver esos contratos de otras administraciones que él dice y si hay evidencia de algo irregular que se traiga a la luz pública”, indicó el representante popular.