Un total de más de 14 denuncias criminales fueron radicadas por los fiscales especiales independientes (FEI) Zulma Fuster Troche, Fabiola Acarón Porrata Doria y Ramon Mendoza Rosario, fueron radicadas hoy contra la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, así como a un contratista y su empresa, por haber incurrido en actuaciones contrarias la ley.

Los cargos por los que la juez Irmarie Cintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra Rivera Martínez y José M. Huertas Torres y su empresa 3T Industrial & General Contractor tienen que ver con la malversación de unos $ 7 millones de dólares que se suponía, serían usados para la canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo, reveló la OPFEI en un comunicado.

Entre otros cargos, al dúo se le imputa lavado de dinero, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, negligencia en el cumplimiento del deber, apropiación ilegal agravada, apropiación Ilegal de Identidad, falsificación de documentos, archivo de documentos o datos falsos, perjurio, impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos, tentativa de destrucci6n de pruebas y fraude o engaño sobre testigos, según detalló la OPFEI en un comunicado.

Las denuncias están basadas en los hallazgos de una pesquisa, relacionada con el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras. La OPFEI detalló que las denuncias radicadas en el día de hoy solo abarcan la cuantía de $1.2 millones de dólares y que la investigación continúa en curso.

De la pesquisa en cuestión surge que se utilizó propiedad pública para gestiones personales y que se utilizó o se permitió el uso de fondos públicos para fines contrarios a la Ley.

La pesquisa se remonta al 2022 cuando el representante novoprogresista Ángel Morey solicitó al Departamento de Justicia que iniciara una pesquisa sobre la asignación de $1.5 millones por parte de la Autoridad de Tierras para la canalización de la quebrada Margarita, ya que los trabajos no fueron realizados en aquel entonces. La pesquisa del Departamento de Justicia develó un tracto que apuntó entre otros a Huertas Torres, quien según publicó El Nuevo Día, además de contratista de la Autoridad de Tierras, laboró como exempleado legislativo de varios senadores y representantes vinculados a los distritos de Bayamón y Guaynabo.