La Fondita de Jesús, organización sin fines de lucro que por más de 38 años ha trabajado en la lucha contra el sinhogarismo y en el ofrecimiento de servicios a las poblaciones vulnerables de Puerto Rico, hizo un llamado urgente a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que implemente medidas concretas que garanticen el derecho al voto de las personas sin hogar y aquellas en riesgo de estarlo.

“En los últimos años, Puerto Rico ha experimentado un aumento en el número de personas sin hogar, incluyendo jóvenes y adultos mayores, así como individuos que han perdido su hogar seguro debido a diversas circunstancias económicas y sociales como los desalojos. Las personas sin hogar y en riesgo de estarlo merecen ejercer su derecho al voto. Son ellos quienes más necesitan que se atiendan las prioridades sociales, como la vivienda digna y accesible”, afirmó Josué Maysonet Colón, director ejecutivo de La Fondita de Jesús.

Maysonet planteó que “es fundamental que la Comisión Estatal de Elecciones reconozca esta necesidad del derecho al voto de las personas sin hogar, así como la población vulnerable, y actúe de manera proactiva para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su situación, puedan participar plenamente en la democracia de nuestro país”.

El director de la Fondita de Jesús instó a la CEE a realizar visitas a las comunidades y organizaciones que trabajan con estas poblaciones vulnerabilizadas para facilitarles a las personas sin hogar al igual que a personas en situación desventajada, como adultos mayores sin transportación, la obtención de la tarjeta electoral y orientarlos sobre cómo votar.

Destacó que esta orientación es importante dado que los procesos con las Juntas de Inscripción Permanente han cambiado con el cierre de muchas de estas y las inscripciones electorales por medios digitales pueden resultar confusas para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y no cuentan con acceso a tecnología.

“La Fondita de Jesús se compromete a colaborar con la CEE y otras entidades para facilitar este proceso de inscripción y asegurar que se respeten los derechos de los más necesitados. Es hora de que las instituciones gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro trabajen de la mano para que la exclusión social no sea un obstáculo para la participación ciudadana”, concluyó Maysonet.