Un nuevo estudio de la Fundación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico detectó la cruda realidad del sistema contributivo boricua, el cual impone la mayor carga contributiva a la clase trabajadora, mientras empuja a las empresas a que sean las que más pagan Impuesto de Venta y Uso (IVU) en las compras que realizan para poder operar.

El resultado de esta ecuación lo que conlleva es a un aumento en el costo de vida de aquellos que más aportan.

Según se explicó, el estudio, llamado Radiografía estructural del sistema contributivo de Puerto Rico y sus principales distorsiones económicas, no descubre nada nuevo cuando se establece que hay una “alta concentración del recaudo en pocos contribuyentes y corporaciones”.

Lo que aporta el análisis son sus implicaciones cuando se examinan en conjunto, como cuánto paga realmente cada grupo, cómo se suman los distintos impuestos en el presupuesto de una familia o en los costos de un negocio, y qué decisiones económicas altera.

Para la clase contributiva, se destacó que son los que tienen la mayor carga contributiva y menores beneficios.

Rolando López, presidente de la Fundación, destacó que “el estudio pone de relieve la carga total de la familia de ingresos medios, entre $40,000 y $60,000 al año. Ese grupo aporta por dos vías: paga contribución sobre ingresos y, como gasta la mayor parte de lo que gana, paga también IVU y arbitrios, mientras recibe poco o ningún Crédito por Trabajo. Además, la inflación le sube la carga sin que se apruebe ninguna ley: la deducción por dependiente sigue en $2,500; si se hubiera ajustado por inflación, hoy sería de $3,762. Y es el grupo que más se va a reducir con la emigración y el envejecimiento. Si se achica, el sistema pierde recaudos por las dos vías a la vez”.

Además, estas familias viven el impacto de un mercado que encarece sus productos y servicios por múltiples factores. Uno que se destacó es el que las empresas pasan todo el IVU que pagan para poder operar.

Según el estudio, el 42.7% de los recaudos del IVU proviene de compras que hacen las empresas para operar.

“Ese impuesto, que los negocios no pueden recuperar, se acumula en cada etapa de la cadena y encarece producir en Puerto Rico”, se informó en un comunicado de prensa.

Se indicó que, al final de la cadena, quien paga esos costos del IVU, así como otros impuestos que se les imponen a productos aun cuando la empresa no los ha vendido, son los consumidores.

Otro desfase que crea es que haya menos productos para suplir las necesidades del pueblo.

“A nivel municipal, la patente se cobra sobre las ventas, gane el negocio o no y el impuesto al inventario sobre la mercancía almacenada, se venda o no. Ambos pesan proporcionalmente más sobre los negocios pequeños y de poco margen, y el impuesto al inventario lleva a guardar menos mercancía de la prudente, lo que deja a la Isla más vulnerable”, indicó López.

De continuar estas tendencias que tienden a gravar a la clase trabajadora y las empresas, el estudio proyecta unos 213,000 empleos menos para 2045 y una reducción de aproximadamente $843 millones anuales en los recaudos combinados de contribución sobre ingresos e IVU. El informe aclara que se trata de escenarios condicionados a la continuidad de esas tendencias, que ilustran el riesgo de financiar mayores necesidades públicas con una base contributiva cada vez más estrecha.

“Los hallazgos refuerzan la necesidad de evaluar el sistema de forma integral. Debemos reducir las diferencias injustificadas entre actividades comparables, simplificar el cumplimiento y dar estabilidad a las reglas, considerando siempre la capacidad de pago de las familias y las condiciones en que operan los negocios. Una reforma debe facilitar el trabajo y la inversión, y fortalecer la base que sostiene los servicios públicos”, manifestó el presidente del Colegio de CPA, Gerardo Torres.

El estudio concluye que modificar impuestos por separado puede agravar las diferencias y concentrar aún más la carga contributiva. Por ello, plantea una reforma sustantiva que abarque las contribuciones sobre ingresos, el IVU, los arbitrios, la propiedad y los tributos municipales.

Entre sus recomendaciones figuran ampliar las bases, ajustar por inflación las cantidades erosionadas, eliminar saltos abruptos y evaluar los incentivos según su costo y la actividad económica adicional que generan.

La meta es reducir las distorsiones cuyo costo supera su beneficio, reconociendo que algunas diferencias responden a objetivos sociales o económicos legítimos.