Desde que el pasado domingo la gobernadora Jenniffer González anunció que estaría radicando una medida ante la Legislatura para rebajar las tasas contributivas de individuos, ese asunto se ha convertido en uno de los temas de más interés para el público en general.

Y no es para menos, pues, como la misma gobernadora ha reconocido, Puerto Rico es una de las jurisdicciones con mayor cantidad y más elevados impuestos. Así que, cualquier anuncio de alivio contributivo suele ser bien recibido.

Pero, ¿En qué consiste el proyecto? ¿Es una verdadera reforma contributiva? ¿Cuáles son los beneficios reales para los contribuyentes y cuánto, a la larga, habrá que sacrificar para llevarla a cabo?

Un repaso del proyecto de ley, con el análisis de un economista, podría exponer un panorama más claro de qué se trata.

“A la gente le va a sobrar más dinero”

Según lo ha descrito la misma gobernadora, este proyecto es parte de un grupo de medidas que conforman lo que define como la segunda fase de una reforma contributiva, y estaría beneficiando “al 99.8% de la población en Puerto Rico”, que, según prometió, “va a poder ver que en esta planilla le va a sobrar más dinero”.

En particular, dos de los cambios propuestos entre el paquete de medidas son los que más interesan al público en general: las rebajas en las tasas contributivas, y el aumento en el crédito por dependiente, de $2,500 a $5,000.

De acuerdo con el proyecto, y según define el Código de Rentas Internas, esa persona dependiente por la que se puede reclamar ese crédito no solamente incluye a los menores de 21 años bajo la custodia del contribuyente, sino a cualquier otra persona que reciba más de la mitad del sustento de ese contribuyente y que sea: padre o madre del contribuyente; tenga 65 años o más de edad; y haya cumplido 21 años de edad o más y sea ciega o incapaz de proveerse su propio sustento debido a estar mental o físicamente incapacitada.

Mientras, en lo que respecta a la rebaja de tasas contributivas, el proyecto propone lo siguiente: quienes tengan ingresos menores a $12,500 al año, no pagarían impuestos; aquellos con ingresos entre $12,500 y $25,000, pagarían 6% del exceso sobre $12,500; quienes ganen entre $25,000 y $50,000, pagarían $750 más el 12% del exceso sobre 25,000; aquellos con ingresos entre $50,000 y $100,000, pagarían $3,750 más el 24% del exceso sobre $50,000; quienes ganen entre $100,000 y $150,000, pagarían $15,750 más el 29% del exceso sobre $100,000; y por último, quienes tengan ingresos superiores a los $150,000, pagarían $30,250 más el 33% del exceso sobre $150,000.

“La meta de esto es que el gobierno de Puerto Rico está redirigiendo los esfuerzos hacia el grupo de trabajo más grande, a más de 790,000 familias que se van a beneficiar con esta segunda etapa de la reforma contributiva”, afirmó la gobernadora al hacer el anuncio el domingo.

González compartió varios ejemplos de cuál será el beneficio para la ciudadanía:

Un técnico de servicio, soltero, con un dependiente y un ingreso anual de $23,768, que actualmente paga $565 en impuestos, presuntamente ahorraría $399 con la reforma. Una secretaria casada que presenta planilla separada, con tres dependientes y un ingreso de $32,139, paga hoy $1,023, y con la reforma ahorraría $505. Por su parte, un trabajador social casado con un dependiente y un ingreso de $55,370, que actualmente paga $4,161, se beneficiaría con un ahorro de $1,206.

“A la gente le va a sobrar más dinero. Todo el mundo que se gane menos de $150,000 (al año) en Puerto Rico va a generar beneficios, 790,000 familias en Puerto Rico van a recibir beneficios en esta reforma contributiva. Solamente 2,600 personas se van a quedar igual, que son los que se ganan $150,000 o más. Todos los demás van a recibir rebajas”, insistió la primera mandataria al día siguiente, mientras abundaba sobre los beneficios que espera de los cambios contributivos propuestos.

González ha dicho que su interés es que estas medidas se discutan y se aprueben con celeridad en la Legislatura, para que los cambios contributivos puedan entrar en vigor, “ahora en la planilla de marzo”.

¿Cuánto cuesta?

Sin embargo, estos cambios no le salen gratis al Gobierno. La gobernadora ha indicado que la reforma costaría entre 350 y 500 millones de dólares, aunque también aseguró que “tenemos el dinero para pagarla”. Agregó que el Gobierno está listo para presentar los memoriales y discutir el proyecto en las vistas legislativas ante la Cámara y el Senado.

Ha insistido en gran parte de la reforma se costearía con ahorros y reducciones de presupuesto en algunas agencias y entidades gubernamentales, consolidaciones de oficinas dentro de las agencias, disminución en la contratación de profesionales y servicios externos, así como en pagos de rentas y otras utilidades.

No obstante, eso no será suficiente, y el propio proyecto contempla dos medidas que no han caído muy bien, al menos en algunos sectores de la sociedad: la posible eliminación del reintegro de arbitrio sobre vehículos eléctrico o híbridos; y de la exención al IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) de los equipos solares eléctricos utilizados para producir y almacenar energía eléctrica, incluyendo sus piezas y accesorios.

El economista José Alameda, catedrático del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, de entrada, sostuvo que no se puede hablar de reforma contributiva, pues se trata meramente de reducciones en ciertas áreas tributarias y no de un cambio integral que abarque toda la estructura de impuestos, incluyendo los municipales, así como ajustes al gasto público y las prioridades de gastos.

Alamenda sostuvo, además, que esas medidas a la larga podrían ser contraproducentes en términos de ahorro para el contribuyente, porque, si bien “te van a bajar las contribuciones, vas a ahorrar dinero, pero a la misma vez te van a subir los impuestos o te quitan los ahorros que posiblemente pudiste haber tenido en un carro más eficiente, que consuma menos gasolina, o unas placas solares que a la larga consuma menos energía, contamine menos al ambiente, y a la misma vez en de pagar a 27 (centavos) el kilo(vatio/hora), la pago a 10 o a 11 (centavos)”.

“Entonces, la pregunta es, dentro de esa ecuación que evaluaste de más dinero en tu bolsillo, ¿incluiste también eso, el efecto a largo plazo de tú aguantar inversiones en energía solar, para entonces meternos a pagar con LUMA, que lo que busca es un aumento de precio?”, cuestionó.

Además, recordó, hay que tomar en cuenta el papel de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que, “hasta donde uno tiene entendido”, vela porque se cumplan los acuerdos de pago alcanzados con los bonistas y, como ha sucedido en el pasado, si entiende que la medida no es neutral en términos de ingresos, podría rechazar la aprobación de la legislación, según las facultades que le ha otorgado el Congreso, y que ha ratificado el tribunal federal.

“Y eso es lo que hay. Esa área de análisis económico está confusa, está muy sencilla la valorización de esa reforma, y puede traer problemas en otras áreas, especialmente en movernos hacia un modelo energético más costo eficiente, menos contaminante, y que es lo que se había planteado, incluso por las mismas leyes”, añadió Alameda.

“Un obstáculo adicional”

En esa misma línea, Javier Rúa, director de SESA (Asociación de Energía Solar y Almacenamiento Energético), si bien reconoció el “buen objetivo” de una reforma contributiva para ayudar a la clase media, lamentó que se pretenda utilizar como mecanismo para reducir los impuestos penalizar la instalación de equipos de energía solar, que precisamente es una tecnología de la que se están sirviendo personas de clase media, e incluso de bajos recursos, para “salvar sus vidas y sus economías”.

Indicó que, con la propuesta, un sistema promedio en Puerto Rico de paneles y batería, cuyo costo varía entre 30,000 a 35,000 dólares, tendría que pagar unos $4,000 con el impuesto de 11.5%, si compra el sistema. Si lo adquiere a través de un sistema de arrendamiento con pagos mensuales, que es como se financian la gran mayoría de los sistemas, añadiría unos $35 al pago promedio de $300 mensuales, cifra que podría incluso subir hasta los $45 mensuales una vez expire, dentro de un año, un incentivo federal que se otorga a esas instalaciones.

“Y eso cambia las decisiones de la gente, porque la gente decide instalar solar y baterías si el pago mensual de su préstamo es similar o más bajo de lo que le pagaba a LUMA. Pero si tú cambias esos ‘economics’, si es mucho más caro que la tarifa eléctrica, la gente no puede instalar”, lamentó.

Aún más, resaltó la contradicción de apostar a un recaudo que vendría de unas instalaciones a las que planeas imponerle un impuesto, y argumentó que, desde el punto de vista de la planificación de Hacienda, no podría hacer previsiones y pronóstico reales de lo que esperan recaudar, porque ese impuesto “crea un impacto brutal que desacelera la base contributiva que tú querías utilizar”.

Rúa además cuestionó el uso de un impuesto sobre algo que, al menos en principio, se pensaría que el gobierno busca impulsar, pues, “si Puerto Rico tiene una política pública de 100% renovables para el 2050, hay que hacer lo opuesto, hay que alinear todas las políticas públicas para lograr eso”.

“Entonces, esto es un obstáculo adicional, altísimo, que va a tener unos impactos brutales. Y además, yo creo que derrota el objetivo de la reforma, porque le das unos chavitos de ‘income tax’ a la clase media por el lado, pero se los quitaste en lo que estaban haciendo para solar, y los amarras para siempre a la red de LUMA”, condenó. “Así que, la idea de financiar una reforma contributiva poniendo un impuesto al sol y a las baterías, obviamente no es un curso que apoyamos”.

Cabe resaltar que la gobernadora ya tuvo reuniones con el liderato de ambas cámaras legislativas y aseguró que “todo el mundo está en la misma página”, de manera que no anticipaba mayores reparos para que se aprueben los proyectos de esta segunda fase de la reforma contributiva.

Mientras, en la primera fase, de acuerdo con la gobernadora, se habían aprobado 10 de 14 medidas propuestas por el Comité de Reforma Contributiva, que, entre otras cosas, aumentaron las deducciones las cuentas IRA educativas y de retiro, añadieron exenciones a la venta de propiedad principal, exenciones a las organizaciones sin fines de lucro si tienen su certificado federal, y exenciones a los agricultores bona fide. Todas esas medidas aprobadas entran en vigor para la planilla contributiva a rendirse este año.

Para una tercera fase de la reforma contributiva, según anticipó la gobernadora, se estarían revisando las tasas contributivas de las corporaciones, así como los arbitrios a los vehículos. Esas medidas se verían “durante el transcurso de esta sesión” legislativa.