Una mujer lesbiana se desempeñó por años tranquilamente como ejecutiva de una entidad privada, hasta que entró una nueva junta directiva al organismo.

Bajo ese nuevo patrono, según contó su abogada  Malú Muñiz Nieves, la mujer comenzó a sufrir hostigamiento laboral por su orientación sexual, porque le decían numerosas frases y comentarios discriminatorios como “ah, a éste lo estás recomendando porque es gay como tú”, “tú lo que quieres es llenar esto aquí de patos”, “esto va a ser la jaula de las locas”, y “¿quién es el hombre en tu casa, tú o tu pareja?”.

Ante el panorama de hostilidad, la mujer se defendió, y terminó con una demanda por discrimen de orientación sexual en el empleo bajo la Ley 22, aprobada el 29 de mayo de 2013. El pleito, que está ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, no ha concluido, contó Muñiz Nieves.

“El discrimen es brutal. Aun cuando la sociedad alega ahora ser muy ‘gay friendly’ (simpático a los homosexuales) siempre te dicen ‘yo no tengo problemas con los gay, pero no los quiero aquí conmigo”, dijo Muñiz Nieves.

A dos años de aprobada la ley, la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo (DT) ha recibido unas 58 querellas bajo este nuevo ordenamiento que prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo y viabiliza la radicación de reclamos por esta causal, tanto en el foro administrativo como el judicial.

“Son bastantes casos para el poco tiempo que lleva esta ley. Además, hay trabajadores que prefieren ir directamente al tribunal”, dijo la directora de la Unidad Antidiscrimen del DT, Myriam M. Costa Malaret.

La funcionaria explicó que, de las 58 querellas, 16 están bajo investigación, 6 fueron referidas a la Comisión federal Igualdad de Oportunidad de Empleo (EEOC), 12 terminaron en acuerdos entre el patrono y el querellante, 9 solicitaron permiso parta litigio en el tribunal, 6 se transaron mediante desistimiento del querellante, 5 fueron desestimadas por falta de interés del querellante y en 4 se determinó no causa.

Muchas de esas querellas, abundó, son de personas que alegan que no fueron contratadas para un empleo por su orientación sexual o su identidad de género, pero hay otras -como una que trabajaba recientemente la UA- de una mujer que el supervisor se mofaba de ella “por su identidad de género, que no se ajusta a lo que algunos esperan que sea su sexo”, contó Costa Malaret.

La ley 22 establece que es ilegal el discrimen laboral, y que un patrono puede ser sancionado en varias formas, desde tener que pagar salarios dejados de devengar por el obrero, hasta en algunos casos tener que compensar daños como angustias mentales, entre otros.

Según su exposición de motivos, su radicación se debió a “hay personas en Puerto Rico que por su orientación sexual o identidad de género carecen de protecciones legales contra el discrimen laboral”.

Asimismo, se citan expresiones del presidente Barack Obama en su mensaje de inauguración de su segundo mandato de que “nuestro camino no estará completo hasta que nuestros hermanos y hermanas gay sean tratadas como cualquier otra persona bajo la ley”.

“La comunidad homosexual hasta la aprobación de esta ley estaba jurídicamente desamparada”, destacó Costa Malaret sobre la importancia de la aprobación de la ley.

Para  Muñiz Nieves, la ley 22 de 2013 era necesaria hace mucho tiempo, no solo para la comunidad homosexual, sino que también puede ayudar a heterosexuales. Recordó un caso que ella llevó hace varios años, previo a la ley, en el que una persona que no era gay, sino muy tímido, era hostigado por sus compañeras y compañeros de trabajo –le hacían citas a ciegas, le dejaban notas con comentarios sexistas- porque entendían que era homosexual. Este caso se transó administrativamente mediante acuerdo, con reprimendas a todos los hostigadores, dijo.

“En Puerto Rico hacía falta esa ley”, indicó Muñiz Nieves .

Son muchos más los casos

Más allá de las 58 querellas ante la UA, Muñiz Nieves -cuya cliente no fue a través de la UA sino directamente en el tribunal- dijo que hay muchas personas más de la comunidad homosexual que se sienten hostigadas y no se atreven a llevar estas reclamaciones “para evitar el ‘bullying’ (acoso)” en áreas como las redes sociales. Agregó que las demandas como la de su cliente

Por su parte, la profesora Nora Vargas, directora de la clínica de discrimen por orientación sexual e identidad de género  de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), coincidió que la realidad del discrimen laboral por orientación sexual es mucho mayor a las 58 reportadas en UA.

“Me parece que es una subrepresentación de la realidad. Esto no representa la cantidad de expresiones de discrimen que enfrentan las personas en el ambiente laboral por orientación sexual e identidad de género. Lo que pasa es que es una ley relativamente nueva, muchas personas la desconocen”, indicó Vargas.

En ese sentido, el senador Ramón Luis Nieves, autor del proyecto 238 del Senado que se convirtió en la Ley 22, dijo que un informe congresional apunta que la experiencia en otras jurisdicciones es que este tipo de legislación tarda en lo que la gente se atreva a usarla para entablar un pleito legal, en parte por desconocimiento pero también por temor.

“Las circunstancias del clóset impiden que muchas persona radiquen querellas por esa reclamación. Pero lo importante es que en Puerto Rico tengamos claro este aspecto para que eventualmente crezca el reconocimiento de que las personas están protegidas y que los patrones no incurran en esta práctica”, dijo Nieves.

El legislador también se expresó complacido con el impacto de la ley, que al momento de su aprobación genero muchísimo debate entre grupos religiosos y simpatizantes de la comunidad LGBTT , que llevaron manifestaciones frente al Capitolio.

¿Cómo fueron las manifestaciones? Lea aquí

Dijo que el proyecto se aprobó junto a la ley que permite que se aplique la ley 54 a personas del mismo sexo, y luego se legisló para que parejas no heterosexuales de empleados públicos estén cubiertos en los planes médicos del gobierno, y posteriormente el Departamento de Justicia decidió no defender  en las cortes federales el impedimento legal a los matrimonios homosexuales.

El 238 fue clave en todos estos avances, entiende el senador. “Fue la chispa que desencadenó todo un proceso de lucha y toma de consciencia en Puerto Rico de que las personas LGBT tiene los mismos derechos de los demás, esa puerta que abrimos no se cerrará jamás”, expresó.