“Lo que no puede ocurrir, y lo digo con mucho respeto y deferencia, es oír a algún líder religioso decir que va a violentar una orden ejecutiva o incite a eso”.

Así reaccionó el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, a las expresiones de unos líderes religiosos que en exlusiva a Primera Hora revelaron ayer que estarían dispuestos a ir a los tribunales si el gobierno insiste en la prohibición de recibir feligreses en los templos, una directriz que advirtieron no van a cumplir.

“Siempre he dicho que vengan para que entiendan que se está haciendo en el Departamento de Salud, los datos que existen en el Departamento de Salud, cómo se llegan a las conclusiones”, expresó el secretario a este diario en declaraciones escritas.

La controversia surge luego que el titular de la agencia dijera ayer públicamente que el cierre de iglesias sería una de las disposiciones impuestas en la próxima orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced como parte de la respuesta del gobierno para frenar los altos niveles de contagios de COVID-19 que se han registrado en la isla en el último mes. Hoy en la tarde la Primera Ejecutiva hará el anuncio formal.

“En ese contexto, sabemos que grupos religiosos reclaman que las visitas a las iglesias tienen que ser presenciales, hay otros que han sido afectados y abiertamente dicen que en este momento, sus iglesias se van a mantener de forma virtual. Lo que no puede ocurrir independientemente, del resultado final de la orden ejecutiva, es indisciplina y violación de una orden ejecutiva, menos cuando sale de un líder dentro del sistema religioso”, expuso el secretario de Salud.

Agregó que cualquier decisión del gobierno está basada en datos científicos, al tiempo que señaló que son las personas mayores de 50 años las de mayor contagio de coronavirus en la isla. Además, cálculos de Salud indican que sobre el 70% de los 356 fallecimientos ocurridos en la isla a causa de la enfermedad corresponde a ciudadanos de más de 60 años.

“Hay que reconocer que las personas que van a la Iglesia, en su mayoría, es la población de sobre 50 años y esa población es mas vulnerable no solo a infectarse, sino a enfermarse y a morir. Tiene que preservarse la vida sobre cualquier otra preocupación que tenga el mundo”, reiteró González.

Según dispone la orden ejecutiva vigente en Puerto Rico “toda iglesia, templo, mezquita o sinagoga que opte por realizar servicios presenciales, deberán hacerlo dentro de los horarios permitidos en el toque de queda y cumpliendo con lo establecido en las Guías para la Reapertura de los Servicios Religiosos, disponibles en la Oficina de Bases de Fe y Tercer Sector de la Fortaleza. Lo anterior, siempre y cuando no excedan la ocupación máxima equivalente al 50% de la capacidad establecida en el Código de edificación vigente en Puerto Rico (PR Building Code 2018)”.

Ayer, Juan Carlos Reyes, epidemiólogo y miembro del grupo asesor de médicos del gobierno en cuanto al tema del coronavirus, dijo en una entrevista radial con Radio Isla que “en el caso del COVID no hay ‘magic bullet (bala mágica)’, varitas mágicas, pero hemos visto reportes recientes de ‘contact tracing’ (rastreo de contactos) que apunta a brotes en algunos restaurantes, en lugares cerrados como los malls (centros comerciales), se han identificado lugares como iglesias, hay muchos lugares abiertos todavía que se está dando mucho de esta transmisión”.

Primera Hora ha intentado entrevistar en múltiples ocasiones al epidemiólogo para indagar sobre sus expresiones pero este no ha respondido a llamadas o mensajes de texto.

Miembros de la Fraternidad de Concilios Pentecostales (FRAPE) advirtieron que continuarán dando cultos dentro de las iglesias -aun cuando el gobierno disponga lo contrario en la próxima orden ejecutiva y adelantaron que tomarán acción legal contra el estado si insisten en la prohibición de ceremonias en el interior de los templos.

El reverendo puertorriqueño William Hernández, obispo y presidente a nivel internacional de las más de 6,000 iglesias pentecostales que hay en el mundo, expresó a Primera Hora que el gobierno estaría interfiriendo con el derecho a libertad religiosa que tienen los ciudadanos si se impone un nuevo cierre de las congregaciones en el país, como ocurrió a inicio de la pandemia.

“Ahora mismo los líderes conciliares y líderes de las iglesias están en un diálogo constante para saber cómo proceder si se hace un nuevo cierre por 21 días… Mi sentir como obispo es que nosotros no debemos cerrar y debemos buscar los mecanismos legales para que eso no ocurra. Eso sí, si hay un lugar en el que se pruebe que no se está cumpliendo con el protocolo pues deben cerrarlo, pero no pueden penalizar las miles de iglesias por lo que hagan mal una o dos. Hay que enfocarse en el bienestar del pueblo”, dijo.

En Puerto Rico hay 560 iglesias pentecostales a la que asisten más de 50,000 feligreses. En términos generales, se calcula que en la isla hay entre 6,000 a 8,000 iglesias de diversas congregaciones.

Mientras, el reverendo Iván De la Torre, superintendente de las Asambleas de Dios en Puerto Rico y tesorero de la Fraternidad, dijo que las iglesias pentecostales se preparan para “hacer valer lo dispuesto en la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos, por lo que no vamos a cerrar”.

“Hemos determinado esperar que la gobernadora diga si es cierto o no que va a cerrar y de ser cierto vamos a utilizar el derecho que nos da la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico de que somos un servicio esencial y tenemos derecho a exigir ese derecho a la libertad de religión y de culto”, dijo.

“No cerraríamos los templos… y no es desobediencia civil. Haríamos valer la Constitución y diríamos que el gobierno es el que está incumpliendo con nuestros derechos a la libertad religiosa”, expuso De la Torre, al destacar que el concilio se disponía en enviar hoy mismo una carta a la gobernadora.

Primera Hora le preguntó qué harían si surgieran multas o arrestos a feligreses. “Buscaríamos soluciones de ir a la corte como ya ocurrió en Estados Unidos. Repito, esto es un derecho constitucional”, respondió el reverendo.

Los religiosos hicieron alusión a una demanda incoada por el pastor John MacArthur de Grace Community Church contra el gobierno de California donde se prohibieron recientemente las reuniones en las iglesias.

En la queja, MacArthur y Grace Community Church acusan a los funcionarios del gobierno estatal de interferir con su libertad religiosa y restringir selectivamente las reuniones en medio de la pandemia. Pusieron como ejemplo que cuando se realizaron protestas, tras el asesinato de George Floyd, no se hicieron cumplir las órdenes de salud pública con aquellos manifestantes que no cumplían con las restricciones gubernamentales.

“California no tiene tal poder para determinar si las iglesias son ‘esenciales’, como ya lo han hecho las constituciones federales y estatales”, expone la demanda, según han reportado medios de la ciudad de Los Ángeles.

Grace Community decidió reiniciar los cultos en persona, al tiempo que algunos de sus líderes argumentaban que el gobierno no tenía la autoridad para impedir que se reunieran.

En respuesta, funcionarios gubernamentales respondieron a la demanda y amenazaron a McArthur con multas e incluso con la posibilidad de un arresto si no cumplía las órdenes ejecutivas. Aún así los feligreses continuaron reuniéndose. Actualmente, los templos deben limitar las reuniones en interiores a 100 personas o al 25% de la capacidad de sus facilidades.

Todos coincidieron en que las iglesias han asumido un rol responsable y han cumplido con los protocolos de salud y seguridad que exige el gobierno.

“Mi postura es que la inmensa mayoría de las iglesias han seguido todas las instrucciones que el gobierno ha establecido. Son procesos sanitarios bien estrictos. Es injusto que si la iglesia ha cumplido con todos los protocolos y no se ha probado estadísticamente que en las iglesias hayan habido propagaciones del virus, que se tome la decisión de cerrarlas. La gente ahora más que nunca requiere de la ayuda espiritual que se ofrece en las iglesias. Es el lugar al que pueden acudir a desbordar sus emociones y buscar ayuda. Y como mencioné antes, si se prueba que hay problemas de infección en una iglesia pues se pone en cuarentena pero tampoco es que se cierren todas. El gobierno tiene que ser prudente”, destacó por su parte Hernández, quien también es líder destacado en la junta directiva de la Asociación Hispana Evangélica creada en Estados Unidos.