Miembros del capítulo de empleados de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) del sindicato Prosol-Utier denunciaron hoy que la compra de drones anaranjados a $500 es apenas un ejemplo del esquema organizado dentro de la agencia para lucrar a las compañías privadas que ofrecen distintos servicios a costos inflados.

Durante una conferencia de prensa celebrada esta mañana frente al Centro Gubernamental Minillas en Santurce, los líderes del sindicato presentaron copias de seis contratos ascendentes a $17.2 millones que catalogaron como un despilfarro de dinero, al entender que los empleados regulares de la ACT cuentan con la capacidad para llevar a cabo la mayoría de las funciones delegadas a las compañías privadas.

Al mismo tiempo, indicó el presidente del capítulo ACT de Prosol-Utier, Ángel Pinto Rivera, la corporación pública ha promovido un proceso de retiro voluntario que ha mermado la cifra de empleados unionados de cerca de 800 a alrededor de 350, como mecanismo para justificar el otorgamiento de contratos millonarios.

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“El escándalo de los drones es solo la punta del iceberg”, apuntó por su parte el coordinador de Prosol-Utier, Luis Pedraza Leduc, al señalar que en abril de 2014 la unión le presentó a la ACT una propuesta para generar economías por hasta $300 millones, que consistía en asignarle al personal regular de la corporación pública las labores que estaban realizando empresas subcontratadas.

Según Pinto Rivera, muchos de los proyectos de pavimentación de carreteras que se están realizando en estos momentos a través del programa Abriendo Caminos han dejado a alcaldes insatisfechos, pues los empleados subcontratados para realizar las labores no cuentan con el peritaje de los trabajadores regulares de la ACT. En ocasiones, dijo el líder sindical, la propia ACT ha requerido a sus inspectores de asfalto que capacite a los trabajadores subcontratados.

Pinto Rivera igualmente denunció que la ACT ha llegado a acuerdos de compra de asfalto por hasta $300 por tonelada a la compañía Super Asphalt, a pesar de que el costo promedio en el mercado oscila entre los “$140 y $185” por tonelada. Pedraza Leduc agregó que en abril de este año, cuando la ACT realizó la transacción con Super Asphalt en la que compró el asfalto por $300 la tonelada, adquirió además drones por $75, en contraste con los $500 que pagó durante la emergencia posterior al huracán María.

De esa manera, dijo Pedraza Leduc, es que el gobierno “esconde” el derroche de dinero, al agrupar la compra de ciertos productos a precio de mercado con otras a un costo inflado.

Entre los contratos ascendentes a más de $17 millones que Prosol-Utier catalogó de excesivos, se encuentra uno por $8,533,500 otorgado a la compañía CSA Arquitects and Engineering LLP para “proveer servicios profesionales para desarrollar y ejecutar varios proyectos de construcción”. El segundo contrato más oneroso, en tanto, fue a parar a manos de Mangual’s Office Cleaning Service, Inc., por $4,130,400 para el mantenimiento de áreas verdes y las autopistas.

De acuerdo con el sindicato, los exsecretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Pesquera y Sergio González, ocupan puestos ejecutivos en CSA y se han beneficiado directamente con estas transacciones.

Sin embargo, Pesquera le desmintió los hechos a Primera Hora.

"Es totamente falso que yo tenga una relación comercial con la CCA. No tengo contrato con ellos ni con la Autoridad de Carreteras. Es una mentira", se limitó a decir. 

Otras empresas agraciadas por contratos que oscilan entre los $400,000 y $1.8 millones fueron M2A Group, Acumenian LLC, CMA Arqyuitects and Engineers, LLC y Locke Lord, LLP. A estas compañías se les asignaron labores que iban desde inspección hasta ofrecer “dirección técnica” y servicios de consultoría.

Pinto Rivera censuró que en el contrato por Acuamanian –por un monto de hasta $1.8 millones– se establezcan tarifas que comienzan en los $25 por hora para mensajeros y ascienden a $125 y $150 respectivamente para directores y ejecutivos, en momentos en que los empleados de carrera de la ACT cobran un promedio de $13 la hora y no han recibido un aumento hace cerca de una década.

Han sido en parte por esas condiciones de trabajo que, de acuerdo con Héctor Neris, vicepresidente del capítulo ACT de Prosol-Utier, cientos de empleados se han acogido en los pasados años a los programas de retiro voluntario. A pesar de ello, Neris aseguró que, si se administra de forma “correcta”, el recurso humano entre los trabajadores unionados es suficiente para manejar el volumen de trabajo que requiere la ACT.

Pedraza Leduc sostuvo que, al privatizarse ciertos servicios, esencialmente se anula la razón de ser de las corporaciones públicas, como la ACT, de generar ingresos económicos para el gobierno que a su vez puedan ser reinvertidos en obras sociales de carácter público. Mediante la concesión de contratos, las empresas privadas “se quedan con el margen de ganancias”, argumentó el líder sindical.