La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, salió este viernes a defenderse de una nueva controversia, luego de que recibiera en la tarde de ayer una petición de información del Senado sobre su viaje oficial a España y los acuerdos pactados por la agencia con la Fundación SAMU.

En una breve conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, la funcionaria aseguró que el viaje a España se realizó para conocer los servicios y culminó en un pacto con la organización sin fines de lucro, en que tanto la agencia como la organización se han visto beneficiadas. De hecho, señaló que el ente los ayudó a preparar el plan para atender la sequía.

El viaje y el acuerdo, con vigencia de tres años, ocurrieron en septiembre de 2025.

La alianza contempla iniciativas educativas, psicosociales y recreativas, así como capacitación especializada para personal que brinda atención directa, explicó la funcionaria en aquel entonces.

Roig Fuertes aceptó hoy que, tras el acuerdo, la entidad recibió un contrato de la agencia. Alegó que la selección no estuvo a su cargo y que el mismo no está vinculado al acuerdo de colaboración alcanzado.

“Ellos han participado de varios requerimientos de información (después clarificó que se trataban de propuestas) y en uno de ellos salieron agraciados”, sostuvo.

Roig Fuertes alegó que hubo un aviso público del requerimiento de información, que llevaba su firma. No supo indicar qué otras empresas participaron. Pero, dejó claro que no realizó la evaluación de la empresa, sino un comité. No supo decir quién lo integraba.

El contrato, de un monto de $355,646.50, tuvo vigencia del 11 de marzo al 30 de junio de 2026. Se concedió para realizar un programa de mentoría para jóvenes de 18 a 35 años y un congreso.

Se le preguntó a la secretaria de la Familia si el acto de acudir a un viaje y luego dar un contrato a la organización se semejaba a la controversia con Nola Education, en el que la secretaria viajó a Luisiana para conocer el programa Star Academy y luego se le seleccionó para dar el servicio, que tenía un costo de $36.5 millones. Esta controversia es investigada por el Senado.

La secretaria se incomodó con el cuestionamiento y dijo que “están entrando en línea que raya en la persecución y no estoy dispuesta a eso”.

Asimismo, Roig Fuertes reveló que la empresa ha solicitado en varios requerimientos de propuestas y solo logró el del programa de mentoría.

Recalcó que el proceso de selección fue “completamente limpio y natural”.

Roig Fuerte informó que entregará la información al Senado, ya que es parte de sus funcionarios ministeriales.

“Aquí no hay ninguna controversia. Aquí hay un requerimiento de información”, indicó.

Reacciona la gobernadora

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó a la petición de información después de que lo hiciera Roig Fuertes.

“Yo he hablado sobre este tema ya en innumerables ocasiones. La Asamblea Legislativa tiene un rol y una facultad de fiscalización y pueden pedir todos los documentos que quieran y se entregarán. Aquí no hay nada ilegal, un contrato, están todos registrados en la Oficina del Contralor. Son servicios que se otorgan al pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

Sin embargo, se dirigió hacia los legisladores por la posibilidad de que se esté persiguiendo a Roig Fuertes.

“Una cosa es eso y que se entregue la información y otra cosa es crear la percepción constante y diaria de elementos constitucionales de delito, cuando no los hay, y las imputaciones públicas que puedan hacer funcionarios, lanzando inuendos o comentarios peyorativos sobre la secretaria o sobre esta servidora, como los han hecho, para que tengan otras implicaciones, y eso los atendemos en primaria. Pero, lo que tiene que ver con la función pública, aquí no hay nada que esconder. Se entregarán todos los documentos que haya que atenderse y para eso hubo vistas. Yo creo que las vistas quedaron bien contestadas a todas y cada una de las preguntas”, concluyó la gobernadora.