Aunque la Policía registra dos incidencias en que adultos mayores fueron sacados por narcotraficantes de los residenciales públicos Ernesto Ramos Antonini y Monte Hatillo, ambos en San Juan, para establecer en sus apartamentos centros de drogas, el administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario Hernández, rechazó que exista un patrón de casos a través de los 328 complejos de la Isla.

“Que saquen a personas son casos aislados. Donde mayormente lo estamos viendo es en apartamentos que están vacíos”, dijo el funcionario en entrevista con Primera Hora.

Rosario Hernández aceptó desconocer que se haya suscitado el pasado jueves un caso en Monte Hatillo, como denunció el teniente David Díaz, director de la División de Inteligencia de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), tras el operativo que emprendieron. Allí, se intervino en dos apartamentos, donde se ocuparon drogas y armas, entre ellas un rifle AK-47.

Rosario explicó que Vivienda Pública llegó a un acuerdo interagencial con la Policía y agencias federales para investigar el uso de apartamentos para fines delictivos. Varios operativos han ocurrido en los pasados días, el último de ellos en Monte Hatillo.

Detalló que, mediante estas investigaciones, se lograron recuperar el pasado año unos 44 apartamentos. Este 2026 ya van por 190, dijo.

“Ese es el resultado de un plan de trabajo que hemos establecido desde el pasado año, donde sí hemos estado trabajando de manera proactiva con las entidades estatales y federales para poder abrirles los espacios de los residenciales públicos” a los residentes, sostuvo.

Los casos investigados, según aceptó el funcionario, llegan a la agencia o a las autoridades investigativas a través de confidencias. En algunos casos, son los residentes removidos por los delincuentes quienes hacen la denuncia.

Rosario aludió a que el único caso confirmado de una adulta mayor, de unos 80 años, removida de un residencial ocurrió en Ernesto Ramos Antonini.

“Este adulto mayor, obviamente, no estaba en la unidad. La pudimos contactar y demás, y está ubicada en algún lugar seguro”, reveló.

De inmediato, explicó que un residente removido de un residencial no pierde los derechos o beneficios de vivir en uno de los apartamentos.

Sin embargo, señaló que, por razones obvias, se le reubica en un lugar seguro, que pudiese incluir “un traslado a los Estados Unidos”.

Este beneficio se da, en parte, porque buscan que estos residentes removidos por maleantes denuncien a la Policía o al Departamento de la Vivienda el incidente.

“Tiene la responsabilidad de comunicarse con nosotros y dar la confidencia para nosotros poder atenderla”, aseguró el administrador.

La denuncia se puede hacer ante un cuartel de la Policía, comunicándose al teléfono confidencial de esa agencia, 787-343-2020, o llamar a la División de Seguridad Interna de Vivienda Pública, que es 787-759-9407.

“Con la confidencia e información, nosotros con mucho gusto tomamos cartas en el asunto”, prometió Rosario.

“Lo más importante es recordarle a nuestra gente que se comunique con nosotros, con la Policía de Puerto Rico. Si bien es cierto, este problema de la droga y del narcotráfico es algo que lastimosamente no lo vamos a poder acabar, pero sí, día a día, con un granito de arena, podemos contribuir a erradicar y, sobre todo, a garantizar que los más vulnerables, nuestros niños, nuestros adultos mayores, tengan espacios dignos y seguros donde poder llevar a cabo sus actividades diarias sin ponerles en riesgo”, añadió.

Por otro lado, Rosario informó que este lunes firmará el contrato de construcción para un proyecto para adultos mayores en unos terrenos cercanos a la Funeraria Buxeda, en Hato Rey.

Se espera que en el proyecto, tipificado como PDL 55, se construyan 222 apartamentos, los que estarían listos para finales de 2028.