La exgobernadora Wanda Vázquez Garced le solicitó al Tribunal Supremo que no la discipline como abogada por haber estado involucrada en un sonado caso criminal a nivel federal, en el que se le imputó corrupción pública, y que archive la controversia que pudiese sancionarla en su ámbito profesional.

Específicamente, en el “Escrito en cumplimiento de orden”, que le solicitó el Supremo para que demostrara una razón válida para que no se le discipline, los abogados de la exgobernadora, José Andréu Fuentes y el exjuez del Supremo Edgardo Rivera García, expusieron al máximo foro que, en “el sano ejercicio de su discreción, decline su jurisdicción disciplinaria por ser este un caso en el que hay ausencia absoluta de fraude, corrupción, depravación moral, como tampoco deshonestidad en el ámbito profesional ni personal de la licenciada Wanda Vázquez Garced”.

La afirmación la hizo luego de exponer toda su carrera profesional y el tracto de su caso federal, desde que fue acusada por conspiración, soborno en programas federales, y fraude electrónico de servicios honestos hasta que aceptó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para declararse culpable por un cargo menos grave por violación a leyes electorales.

“La licenciada Vázquez Garced afirma con humildad que su desempeño profesional y personal durante su vida siempre ha sido acorde con los más altos principios de conducta decorosa”, se aseguró en el documento judicial de 30 páginas.

En sus argumentos, se alude a que todo el caso no implicó su función o profesión como abogada.

“Al momento de los hechos alegados, la licenciada Vázquez Garced era una candidata en un proceso primarista, por lo cual la conducta objeto de esta comparecencia no ocurrió en el desempeño de la profesión de abogada ni en su función pública, sino como una ciudadana en un proceso político”, se alude.

En el escrito, se manifestó que Vázquez Garced nunca recibió dinero o algún bien. Destacó que en el cargo en el cual se declaró culpable se expone que fue sólo una promesa de donativo de dos extranjeros, en este caso el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, lo que resulta ilegal.

“La licenciada Vázquez Garced no recibió dinero directamente ni obtuvo lucro o ganancia monetaria personal alguna. Así también se consignó expresamente que la contribución prometida era para un comité político y no para beneficio pecuniario de la letrada y más aún, que la contribución nunca se materializó ni fue solicitada ni requerida a cambio de nada”, se detalló el documento judicial.

Además de que se resaltó que el delito “nunca se materializó”, se destacó que “el indulto (que recibió Vázquez Garced del presidente Donald Trump) borra para siempre la convicción del delito cometido, quedando de ahí en Adelante el indultado tan limpio de ella, como si nunca hubiera sido convicto”.

Pero, sobre todo, se alude a que la exmandataria nunca fue sentenciada, “lo que implica que nunca recayó una convicción penal”.

Los abogados destacaron que el delito menos grave no implica ningún caso de corrupción y apuntan a que los medios de comunicación fueron los que crearon esa percepción errónea.

“Al analizar los elementos del delito menos graves del Plea Agreement observamos que la referida conducta no configura fraude, falsificación, malversación de fondos públicos ni constituye conducta que implique violencia. Por consiguiente, los hechos estipulados como parte de la alegación preacordada no demuestran conducta deshonrosa ni de depravación moral por no estar presente los elementos de fraude y el engaño. Asimismo, puntualizamos que el acto imputado no fue cometido en conexión con la práctica de la profesión legal”, se puntualizó en su intento de evitar que Vázquez Garced sea sancionada.

Las sanciones que emite el Supremo a un abogado van desde una amonestación o censura hasta el desaforo.

La determinación de si ocurre o no una sanción ahora queda en mano de los jueces del Supremo.

El tracto del caso

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en verano de 2025. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Al recibir un perdón “completo e incondicional”, los imputados ya no podrán ser considerados como convictos.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. El caso fue desestimado por petición de la Fiscalía federal.