Los alcaldes de Humacao y Aguas Buenas, Reinaldo Vargas Rodríguez y Javier García Pérez, respectivamente, se declararon no culpables de los cargos de corrupción que pesan en su contra y que provocaron sus arrestos esta madrugada por las autoridades federales.

Vargas Rodríguez fue acusado de conspirar para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno y extorsión desde principios del año pasado, movidas que, según la fiscalía federal, le dejó $15,000 en mano.

“Las pruebas en su contra son sólidas. Tenemos un caso fuerte”, aseguró el fiscal federal Scott Anderson en la audiencia virtual que se celebró esta tarde.

Mientras, a García Pérez se le imputó de conspirar para cometer soborno y comisiones ilegales -también conocidos como “kickbacks”-, soborno y extorsión entre el 2017 al 2021 por lo que se alega que recibió, al menos, $32,000.

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“Este es un caso de alto perfil, es un caso serio. (El imputado) aparece en vídeo grabado participando y recibiendo pagos de sobornos de un contratista de pavimentación”, señaló Anderson.

La fiscalía solicitó que se le impusiera una fianza de $10,000 contra los dos imputados. Esta suma no fue objetada por la defensa de ambos, el abogado Osvaldo Carlo. Sin embargo, le solicitó al juez federal Marcos López 10 días laborables para prestarlas.

El magistrado concedió la petición, por lo que la fianza tendrá que pagarse en o antes del 19 de mayo. Además, ordenó a los acusados a que entreguen sus pasaportes, no cometan crímenes, no abandonen la jurisdicción de Puerto Rico sin notificar al tribunal y que entreguen todas sus armas de fuego y licencias de poseer armas.

Según transcendió en la vista, Vargas Rodríguez posee un arma, la cual fue confiscada por las autoridades. Entretanto, García Pérez tiene una pistola marca Smith and Wessen que no mantiene en su hogar. Por lo tanto, el juez reiteró que debe ser incautada por la Policía de Puerto Rico.

“No quiero que esto se escape. Cualquier arma de fuego tiene que ser sometida inmediatamente. Esto tiene que suceder hoy”, repitió.

Ambos acusados admitieron no haber leído los pliegos acusatorios en su contra. Empero, Carlo especificó haber explicado sus partes a sus clientes, quienes aceptaron haber entendido su contenido.