El fiscal federal Stephen Mudrow reveló esta mañana que los cargos que pesan contra los alcaldes de Aguas Buenas y Humacao, Javier García Pérez y Reinaldo Vargas Rodríguez, respectivamente, incluyen soborno y extorsión, por lo que fueron arrestados esta madrugada.

En el caso de García Pérez, se le imputó de conspirar para cometer soborno y comisiones ilegales -también conocidos como “kickbacks”-, soborno y extorción entre el 2017 al 2021. Durante esta ventana de tiempo recibió, al menos, $32,000, indicó Mudrow.

“Estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde el año 2017 hasta el 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas. A cambio de estos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de los contratistas. Las empresas se dedicaban al recogido de basura, servicios de asfalto y pavimento y recogido de escombros”, detalló el fiscal federal en conferencia de prensa.

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Los alcaldes de Aguas Buenas y Humacao a su salida del Tribunal federal (David Villafañe Ramos)

De manera similar, Vargas Rodríguez fue acusado de conspirar para cometer soborno y comisiones ilegales, soborno y extorsión desde principios del año pasado, movidas que, según la fiscalía federal, le dejó $15,000 en mano.

“Según la acusación, Vargas Rodríguez estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde enero hasta julio de 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas. A cambio de esos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de los contratistas. Otra vez, las compañías se dedicaban al recogido de basura y servicios de asfalto y pavimentación”, explicó.

Ambos alcaldes se aseguraron que las facturas “se pagaran con prontitud”, especificó Mudrow.

Mudrow rechazó especificar si estas empresas involucrados en el esquema eran JR Asphalt y Waste Collection, cuyos presidentes estuvieron ligados en actos de corrupción con los exalcaldes de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, y de Guaynabo, Ángel Pérez Otero. Su renuencia en identificar las compañías se debe a que no están incluidos en la acusación formal. Más aún, aceptó que los arrestos de esta madrugada son una continuación de esa pesquisa que provocó el arresto de Delgado y Pérez Otero.

“Seguimos investigando”, prometió.

De ser hallados culpables García Pérez y Vargas Rodríguez, los funcionarios se exponen a cinco años por corrupción, 10 por soborno y 20 por extorsión.

“A los funcionarios públicos que no cumplen con sus cargos: sepan que serán procesados y sometidos a las penas que corresponden a sus actos”, advirtió Mudrow. “En estos casos, siempre hay una oportunidad para nosotros antes. Siempre”, recalcó.

Pese a que no abundó con detalles, Mudrow afirmó que hay más alcaldes bajo la lupa de los federales, limitándose a decir que se trata de una cantidad “suficiente”.

“Nosotros somos seres humanos y no somos perfectos y algunas personas cometen delitos. Lo que estamos tratando de distinguir es cómo una persona acepta responsabilidad por su conducta”, señaló. “Por eso hemos dicho muchas veces, si estás envuelto en algo ven a nosotros antes de que toquemos a la puerta, y cuando toquemos a la puerta, digan la verdad”, agregó.

“La primera vez que me paré aquí pensé que el mensaje era claro. Lo correcto es venir a nosotros antes de que nosotros vayamos a ustedes. Algunos escucharon y tomaron mis palabras en serio, pero otros no y tuvimos que ir a tocar puertas. Así que, voy a repetir: donde haya alegaciones de corrupción vamos a investigar. No espere a que sea demasiado tarde”, avisó el jefe de la oficina local del Negociado Federal de Investigación (FBI, en inglés), Joseph González.

Desde el 2020, una suma de 51 personas han sido acusadas de corrupción, dijo Mudrow.