El banquero Julio Herrera Velutini, coacusado en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, aceptó este jueves el segundo indulto que le concedió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el delito menos grave por el que se declaró culpable.

Con su acto, sólo faltaría una expresión de la jueza federal Silvia Carreño Coll sobre si procederá a desestimar el caso criminal que tanta atención pública ha acaparado desde el 2022.

Ayer, miércoles, la exgobernadora Vázquez Garced y otros de los coacusados, el exagente federal Mark Rossini, habían aceptado el perdón presidencial, concedido el pasado 20 de enero.

En el documento, registrado en la tarde de este jueves en el expediente del banquero por la abogada Sonia Torres Pabón, se expone que “Julio M. Herrera Velutini, a través de su abogado, por la presente acusa recibo y acepta el indulto total e incondicional otorgado por el Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2026, según se menciona en la Notificación del Gobierno. En consecuencia, todos los cargos pendientes ante este Tribunal deben ser desestimados sin perjuicio”.

En la tarde de ayer, la Fiscalía federal solicitó que se “desestime y cierre” el caso contra la exgobernadora, Herrera Velutini y Rossini, debido a que fueron condonados por Trump.

“Estados Unidos respetuosamente solicita que el Tribunal tome conocimiento de lo antes expuesto y, a la luz de la certificación del acusado Vázquez Garced, desestime y cierre este caso por haberse tornado académico”, afirmó Fiscalía, representada por el fiscal federal Seth Erbe.

Este segundo indulto era solicitado por la jueza federal para poder proceder con la desestimación del caso y la cancelación de la vista de sentencia, que está programada para el próximo 29 de enero.

El primer indulto concedido por Trump está fechado el pasado 15 de enero. Corresponde al perdón del caso original por corrupción pública que se presentó contra los coacusados por conspiración, soborno en programas federales, y fraude electrónico de servicios honestos. Todos los coacusados aceptaron este perdón presidencial el pasado 20 de enero.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en verano de 2025. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Fue el pasado 15 de enero que el presidente Trump firmó los indultos a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Pero, se expone que son en relación al caso de corrupción pública.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. La Fiscalía federal presentó el lunes un recurso ante la corte para desestimarle el caso.

La Fiscalía federal explicó que su petición responde a que los “conspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.

La jueza no se ha pronunciado todavía en torno a si desestimará el caso.