A juicio del veterano abogado y exfiscal federal Osvaldo Carlo, la contradicción en versiones ofrecidas por la defensa de Jensen Medina Cardona, respecto a la manera en que se ocuparon unas armas del sujeto durante la investigación policíaca, ha convertido a uno de sus abogados en “testigo de los hechos”, levantando así un escenario inesperado en el caso que podría culminar con la descalificación de toda la representación legal.

El país amaneció hoy en suspenso tras darse a conocer que ayer a las 4:55 de la tarde -cinco minutos antes de que culminaran las labores del día en la Administración de Tribunales- el Ministerio Público, en este caso representado por los fiscales Eduardo Beale, Jaime Perea y Diannette Aymat- habían presentado ante la juez Karilyn Díaz Rivera una moción en oposición a la solicitud de supresión de evidencia que hicieron los abogados de Jensen la semana pasada, respecto a la ocupación de unas armas propiedad del acusado. Al mismo tiempo piden la descalificación de los abogados del caso (Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujol) por entender que incurrieron en conductas que pudieran conllevar violaciones a los Cánones de Ética de la abogacía. La jueza atenderá el asunto hoy, a las 2:00 de la tarde, en el Tribunal de Fajardo.

“El problema que yo veo aquí es que durante la vista de alza de fianza que solicitó el Ministerio Público ese mismo abogado dijo que había hecho gestiones que envolvieron coordinar con la hermana de Jensen (Glenda Lee Medina Cardona) la entrega de unas armas. Entonces, hubo una intervención sustancial del abogado en ese proceso… en aquel entonces el abogado quería demostrar todas las gestiones que se habían hecho a favor de entregar esas armas como unos actos de cooperación, del imputado en aquel entonces, para que no se le aumentara la fianza. Pero, entonces, ahora terminamos con una moción de supresión donde se alega que había una expectativa de privacidad en esa propiedad, entre otros alegatos. Y ese virazón por parte de la defensa hace que ese abogado se convierta en testigo de unos hechos”, expuso Carlo.

La semana pasada la defensa de Jensen presentó una moción para que no se aceptara como prueba las armas ocupada al acusado pues sostienen que fueron confiscadas por la policía sin que mediara una orden judicial. Las armas fueron ocupadas en la residencia de la hermana de Jensen, ubicada en el barrio Río Cañas de Caguas.

“Al momento del registro/ocupación el acusado -peticionario tenia y tiene una expectativa razonable de intimidad sobre el lugar registrado y la evidencia ocupada, y por el contrario, la señora (Glenda Lee) Medina Cardona no tenía ni tiene autoridad común, autoridad aparente ni relación suficiente sobre la propiedad registrada ni sobre la evidencia ilegalmente ocupada”, indica la moción presentada por la defensa.

Alegaron también que no existía una orden de registro o allanamiento “legalmente expedida por un tribunal”.

En cambio, el argumento de la defensa, como explicó el fiscal Carlo, discrepa con una información trascendida el 23 de agosto durante una vista de solicitud de alza de fianza celebrada en el Tribunal de Fajardo, donde Cameron Gordon oponiéndose a que se le aumentara el monto de fianza a su cliente, sostuvo que él personalmente cooperó sin inconvenientes con los agentes de la Policía para diligenciar el proceso de ocupación de armas. 

De hecho, así lo hizo constar el Ministerio Público en la moción de oposición a la solicitud de supresión de evidencia de las armas, un documento en el que, además, solicitaron la descalificación de la representación legal del acusado por entender que ante lo trascendido Cameron Gordon se convirtió en “testigo” del caso.

“Si algo queremos evitar todo el tiempo los abogados es ser testigos de los casos y por eso hay procesos a los que ni siquiera asistimos. El asunto aquí es que ahora la fiscalía está planteando que Cameron Gordon -que antes se había presentado como una figura de cooperación porque había dicho que había ayudado a la policía a recuperar unas armas- ahora habla de un allanamiento ilegal en unos hechos en los que él mismo dijo que participó físicamente creando una situación de conflictos. Ahora todo esto lo convierte en un testigo y puede darse el caso que la fiscalía pueda sentarlo a testificar sobre lo que ocurrió porque él aceptó y describió en una vista anterior participación en unos hechos y esos hechos ahora están en controversia”, manifestó el exfiscal federal.

“Ahora hay que analizar si esa entrega (de armas) fue voluntaria y qué medió para que esa entrega se diera”, agregó sobre lo que podría ocurrir en el tribunal.

La defensa de Jensen -que la semana pasada también presentó una petición de supresión de la identificación por confrontación fotográfica que hicieron los testigos principales del caso por entender que se llevó a cabo de manera “irregular” y son “carentes de confiabilidad”, podría librarse de todo este enredo si retiran la moción de supresión de evidencia sobre la ocupación de las armas.

“Si ellos desisten de ese punto, el issue podría resolverse y ese podría ser una salida para la defensa. Pero aquí la última palabra la tiene el cliente, en este caso Jensen. Si él entiende que esta situación debe continuar porque le favorece a su caso puede consultar con otro abogado y verse en el tribunal”, dijo Carlo.

Respecto a la descalificación de los abogados, Carlo dijo que es algo que tendría que evaluarse “pues hay que definir más que fue lo que sucedió”.

“La situación es que, aunque se señala a Cameron Gordon, la fiscalía puede alegar que él trabaja en un bufete y que un asunto tan importante como la entrega de unas armas se discutió entre todos los abogados del caso”, dijo.

En la moción en la que solicitan la descalificación de los tres abogados, el Ministerio Público alude a que este asunto en particular debe elevarse al Tribunal Supremo y señalan que en este caso se pudieron haber violado los cánones 17 (Litigios Injustificados), el 22 (Abogado como testigo), el 35 (Sinceridad y Honradez) y el 38 (Preservación del Honor y dignidad de la profesión).

De hecho, en la moción colocaron un extracto de lo que expone el canon 22 de los Cánones de Ética que rigen a la profesión de abogados. La misma reza: “Excepto cuando sea esencial para los fines de la justicia, el abogado debe evitar testificar en beneficio o en apoyo a su cliente. Cuando un abogado es testigo de su cliente, excepto en materias meramente formales, tales como la comprobación o custodia de un documento y otros extremos semejantes, debe dejar la dirección del caso a otro abogado. Igualmente, un abogado debe renunciar la representación de su cliente cuando se entera de que el propio abogado, un socio suyo o un abogado de su firma puede ser llamado a declarar en contra de su cliente”.

Jensen es acusado de asesinar de un disparo en el cuello a Arellys Mercado Ríos, en un confuso incidente reportado la noche del 18 de agosto, en una marina en Fajardo. Contra el sujeto pesan cargos de asesinato en primer grado y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas.

Durante cuatro días de vista preliminar declararon los policías Jorge Luis Rosario y Alexis Pérez, de la División de Servicios Técnicos de la Uniformada; el novio de la víctima y testigo presencial del crimen, Joseph Howe García; y el marino mercante, Gabriel Ávalo. Además, se presentó material gráfico de las cámaras de seguridad de la Marina en la que se percibe el momento exacto del crimen y el momento en que el acusado abandona el lugar donde ocurrió el asesinato.