La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicó 321 denuncias por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal gravada, fraude, apropiación ilegal de identidad y posesión ilegal de tarjetas de crédito y débito contra Mariela Collazo Rodríguez, de 47 años, por una cifra que sobrepasa los $61,000.

La jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa para arresto en todos los delitos y le señaló una fianza de $321,000, la cual fue prestada. Permanecerá en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.

La investigación del agente José A. Rivera Hernández, adscrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, reveló que una adulta mayor de 94 años y residente en Cidra, quien cuenta con sus facultades mentales intactas, fue víctima de estos delitos de parte de su vecina quien presuntamente se aprovechó de su cercanía y de que había enviudado recientemente para ganarse su confianza realizando algunas gestiones para “ayudarla”.

Collazo Rodríguez logró acceso al número secreto de la tarjeta de débito de su cuenta bancaria realizando transacciones (se identificaron 319) no autorizadas entre los meses de mayo y agosto de 2025.

Surge de la pesquisa, en la cual participó la fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga, que la imputada se apropió de un total de $61,151.84. Esa cantidad se desglosa de la siguiente manera: $44,715.39 en retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos; y $16,436.45 en pagos de bienes y servicios en en terminales de puntos de venta en diferentes comercios en Cayey, Cidra, Caguas, Guayama, San Juan, Aibonito y Humacao.

Entre estas transacciones destacan el gasto de $2,117.79 en compras de supermercados; $4,305.94 en casas agrícolas; $551.61 en estaciones de gasolina; $3,179.98 en compras en restaurantes, negocios de comida rápida y panaderías, $1,320.10 en ferreterías; pagos al Municipio de Cidra, a LUMA Energy, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y en otros negocios.

Cuando la adulta mayor se percató que no le llegaban los estados de cuenta se comunicó con el Banco Popular para que le remitiera las copias. Al recibir los estados bancarios, se percató de que faltaban unas hojas informativas y volvió a comunicarse con el banco, es entonces cuando se percataron de que había numerosas transacciones que ella no realizó.

La perjudicada radicó una querella en la Policía y en División de Fraude de la institución bancaria. La perjudicada informó que la única persona que tenía acceso a su información confidencial era su vecina y brindó su información.

Posteriormente, la imputada fue a su casa y admitió los hechos prometiéndole que le iba a devolver el dinero, no obstante, la perjudicada le dijo que ella no estaba dispuesta a realizar un acuerdo y que prefería dejar el asunto en las manos de las autoridades.

Collazo Rodríguez también manifestó en la investigación del Banco Popular que devolvería el dinero, pero nunca lo hizo.

La vista preliminar se señaló para el 10 de septiembre.

“Proteger a nuestros adultos mayores frente a cualquier forma de abuso o explotación es una responsabilidad que todos debemos asumir con la más alta prioridad. Por ello, exhortamos a sus familiares y cuidadores a permanecer vigilantes ante cualquier señal de explotación financiera y a tomar las medidas necesarias para resguardar su información personal y sus bienes de quienes pretendan aprovecharse de su confianza o vulnerabilidad”, declaró en un comunicado de prensa la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.