La representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana, es objeto de una pesquisa a fondo por parte de un Fiscal Especial Independiente (FEI) luego que el Panel sobre el FEI acogiera una recomendación en ese sentido formulada por el Departamento de Justicia.

La Oficina de Prensa de la entidad informó que el Panel designó al licenciado Ramón M. Mendoza Rosario como Fiscal Especial Independiente para que realice la investigación sobre los hallazgos preliminares remitidos por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

El curso legal de la pesquisa se inició tras formalizarse tres querellas ante Justicia por parte de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías, así como del director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas.

“Aunque el informe de investigación de Justicia contiene otra serie de elementos, las querellas están centradas en el contenido del Informe Financiero de la Rama Legislativa presentado por Nogales Molinelli, así como en varias versiones públicas ofrecidas por dicha representante, las cuales aparentan ser contradictorias”, lee la comunicación del PFEI.

A la legisladora también se le aducen ciertas irregularidades relacionadas con la información que no constaba en las oficinas del CRIM. También, el alegado incumplimiento con la Ley 272-2003 conocida como Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación.

“La representante dejó de incluir información relevante y sustancial sobre sus propiedades, participaciones, nombramientos o cargos, tanto en corporaciones privadas como en puestos gubernamentales. La información que se vierte en el Informe Financiero de la Legislatura se presenta bajo pena de perjurio”, agregó el ente.

Primera Hora intentó sin éxito comunicarse con la representante, así como con su asesor Confesor Santiago y su portavoz de prensa, Anacaona Reyes, para obtener una reacción acerca de la designación de un FEI en su contra.

Hace unas semanas, Justicia recomendó designar un fiscal especial independiente contra la legisladora cuando la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de esa agencia determinó que la representante habría cometido perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal, al omitir en un informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental que ocupaba puestos en varias corporaciones como presidenta, tesorera, secretaria y agente residente.

Se alega, además, que omitió incluir los ingresos generados por concepto de alquiler de una propiedad inmueble ubicada en Palmas del Mar, Humacao.

Según Justicia, Nogales Molinelli habría infringido las disposiciones del artículo 20 de la Ley 272-2003, según enmendada, al dejar de cumplir con su obligación de remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación del inmueble de su propiedad, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo.

La investigación inició luego que Justicia recibiera entre septiembre y octubre de 2021 varias querellas contra la representante por parte del director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, y de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio B. Matías Rosario.

La querella presentada por Pérez Vargas se sustenta en infracciones a los delitos de falsificación de documentos, y otros de naturaleza similar, en cuanto a que la legisladora presuntamente alteró el informe financiero presentado sin la autorización de dicha oficina y sin utilizar la plataforma electrónica reservada para estos fines.

Mientras, las querellas presentadas por Rivera Schatz y Matías Rosario se relacionan con la omisión de información en un informe financiero de las ramas Ejecutiva y Legislativa presentado ante Ética Gubernamental.

“En el Departamento de Justicia continuamos investigando de forma rigurosa, justa y sin distinción de persona las actuaciones de los funcionarios públicos referidas a nuestra atención. Conforme a la función que ejercemos, reiteramos nuestro compromiso con el pueblo puertorriqueño de tomar las acciones y medidas correspondientes para velar y garantizar el fiel cumplimiento de las leyes”, expresó en ese entonces el secretario de Justicia en declaraciones escritas.

La investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor contó con la colaboración del Negociado de Investigaciones Especiales.

Nogales Molineli reconoció el 15 de septiembre de 2021 que en el informe financiero omitió incluir sus puestos en diversas corporaciones con y sin fines de lucro, y anunció que renunciaba a todas las posiciones. Reclamó, además, que no devengaba remuneración en la organización sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria ni en las organizaciones Greater Caribbean For Life y en la Coalición en Contra de la Pena Muerte, y que tampoco generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que incorporó en 2004 y que era dirigida por su madre.

“Hay una gran diferencia entre lo que se oculta intencionalmente y una omisión involuntaria o por inadvertencia. Esa esa es la razón por la cual no se incluyó esa información, pero la estamos incluyendo. No hay nada que ocultar. No hay ingresos extra legislativos. Realmente no hay nada que ocultar”, dijo en aquel entonces.