Las autoridades federales acusaron a un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos en Isabela y a dos individuos más por un presunto esquema de sobornos y conspiración para distribuir más de 100 kilogramos de marihuana a través del correo, informó este jueves la oficina del fiscal federal Stephen Muldrow.

Según la acusación, un gran jurado federal emitió el pliego el 20 de noviembre de 2025 contra Héctor Melvin Candelaria Carrero, alias “Candy” o “Cartero”, Carlos Nadín Nieves Pastrana, alias “Nandy”, y José Manuel Muñoz Torres, alias “Kuki” o “Cuqui”.

La Fiscalía indicó que entre enero de 2022 y abril de 2024 los tres imputados presuntamente conspiraron para mover la droga enviándola y desviándola mediante paquetes del Servicio Postal.

Candelaria Carrero, quien trabajaba como cartero en Isabela, presuntamente desviaba, retrasaba y robaba paquetes mientras estaba en funciones oficiales, entregándolos luego a Nieves Pastrana y Muñoz Torres a cambio de pagos ilegales.

En algunos casos, Candelaria Carrero tomaba fotos de paquetes con su celular personal y luego escaneaba esas imágenes con el escáner oficial del Servicio Postal, aparentando haberlos entregado en la dirección correcta. Sin embargo, en vez de completar la entrega, desviaba los paquetes a otros lugares y ocultaba su ubicación.

El esquema también incluía el uso de WhatsApp y llamadas para coordinar los pagos y la entrega de los paquetes desviados, incluyendo aquellos que contenían sustancias controladas.

“El narcotráfico destruye familias y comunidades. Estos acusados estaban utilizando el Servicio Postal de Estados Unidos para facilitar sus actividades de narcotráfico, las cuales fomentan la violencia y la adicción. La Fiscalía Federal y sus agencias colaboradoras perseguirán agresivamente a los narcotraficantes y a los funcionarios gubernamentales corruptos, y buscarán justicia para nuestras comunidades”, expresó Muldrow en declaraciones escritas.

Si son declarados culpables por los cargos de narcotráfico, los acusados enfrentan una pena mínima de cinco años de prisión, y hasta cadena perpetua.

La investigación fue liderada por la Oficina del Inspector General del Servicio Postal con colaboración del Negociado Federal de Investigaciones.

“La conducta alegada es vergonzosa, y nuestra oficina continuará investigando incansablemente a los empleados del Servicio Postal y a sus co-conspiradores que violan la confianza del público. Este caso es un excelente ejemplo de la colaboración exitosa entre el USPS OIG, nuestros socios del orden público y la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico para procesar a todos los involucrados en actividades delictivas relacionadas al Servicio Postal”, manifestó Matthew Modafferi, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal.

“Las personas que conspiren para distribuir sustancias controladas, intenten comprometer a funcionarios públicos o violen la integridad del correo de Estados Unidos serán responsabilizadas. Nuestra oficina, junto a nuestros socios en la aplicación de la ley, continuará persiguiendo a quienes pongan en riesgo la confianza pública y la seguridad de la comunidad”, sostuvo por su parte Joe Rodríguez, agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.

La fiscal Tania Y. Salas De Jesús está a cargo del procesamiento del caso.