El jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, evadió este jueves precisar si recibieron un referido para encaminar una pesquisa por la controversia que se ha suscitado con un millonario contrato que el Departamento de la Familia intentó dar para establecer una academia con estudiantes de las escuelas públicas beneficiarios del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Pero, dejó en el tintero la posibilidad de que se investigue la controversia que ha acaparado la atención pública en los pasados días.

Cuando se le preguntó si investigan algún referido en contra de la secretaria de Familia, Suzanne Roig Fuertes, o el contrato de $38.5 millones que se buscaba dar a la empresa NOLA Education, el fiscal precisó que “no puedo entrar en detalles. Ni voy a confirmar ni descartar los ángulos que pueden estarse investigando. Pero, sí como les mencioné la semana pasada, donde hay fondos federales, si encontramos evidencia de mal uso de fondos federales, las agencias federales van a investigar”.

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También se le cuestionó si las autoridades federales recibieron alguna solicitud de parte de Roig Fuertes para obtener protección con motivo de su comparecencia ayer, miércoles, al Senado.

“La comparecencia de la secretaria al Senado de Puerto Rico no tiene nada que ver con asuntos federales bajo investigación. Nosotros investigamos las cosas independientemente y el Senado tiene prerrogativa de citar testigos y funcionarios”, comentó Ramírez Carbó.

Las expresiones se dan luego de que el pasado martes la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, confirmara a El Nuevo Día que acudió al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en “calidad de testigo” por la controversia que se ha suscitado con un millonario contrato.

Esta exfuncionaria ha alegado que Roig Fuertes, supuestamente, la presionó para que firmara el contrato, cosa a la que se negó. La denuncia la hizo luego de haber sido despedida por alegada “insubordinación”.

Según ha trascendido, el contrato se le adjudicó a NOLA Education a 36 días de haberse incorporado en el Departamento de Estado y tras evaluar documentos presentados por otras dos empresas dedicadas a la jardinería y asuntos ambientales.

Al menos una de las empresas mencionadas, Coccoloba AgroEnvironmental LLC, rechazó haber presentado una propuesta para ser considerada para el contrato.