De la misma manera en que puede ser prematuro decir que el asesinato de un homosexual tiene el agravante de un crimen de odio, descartar ese ángulo cuando apenas empieza la investigación es, también, precipitado.

Cuando una persona que pertenece a una población de minoría es víctima de un asesinato, la bandera de que podría estar presente el elemento del prejuicio debe considerarse. Pero, para probarlo, es necesario “una investigación bien concienzuda de gente no prejuiciada”. Y ahí a veces se falla.

“Lo que pasa con el agravante de crimen de odio es que en la inmensa mayoría de los casos es una cuestión circunstancial, en muy pocas ocasiones hay evidencia directa de que es un crimen de odio”, explicó el presidente de la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados, Osvaldo Burgos.

Si quien investiga no tiene la suspicacia y “la mente abierta para tener en cuenta todos los elementos necesarios para encontrar esa posible intención de ese victimario”, es cuesta arriba someter casos con el agravante de crimen de odio, contemplado en ley desde 2002.

“Lamentablemente, a 12 años de la ley, todavía nuestra Policía, las agencias de investigación, no están preparadas para atender adecuadamente este agravante”, subrayó el abogado. “Si buscas las estadísticas, parecería que en Puerto Rico no existe el discrimen contra homosexuales”, señaló Burgos, quien añadió que el agravante de odio está presente hasta cuando a una persona gay le gritan insultos desde un carro.

Para la directora ejecutiva de Matria, Amárilis Pagán, el problema no es que sea difícil determinar que en un crimen estuvo presente el agravante de odio, sino que hay resistencia de fiscalía para trabajarlos con ese ángulo.

“Se supone que cuando fiscalía investiga un caso, recoja evidencia adicional de antes y después del suceso. Lo que pasa es que parte del problema de este país es que la estrategia, la solución de los casos, son confesiones, y la persona agresora va a decir lo que le conviene. En la medida en que un caso dependa de la confesión de un asesino y no se hace investigación adicional, claro que no se va a probar un crimen de odio”, manifestó la abogada.

Muchas personas, aun de la comunidad gay, dicen que todo los crímenes son de odio

Cuando la gente habla de crímenes de odio y los trata de invalidar con ese tipo de categoría, lo que hay de fondo puede ser una actitud de prejuicio y discrimen contra esa población. Hay un elemento de ignorancia o de homofobia.

Otro componente que coloca a la población LBGTT en una posición de vulnerabilidad es que el Estado no le reconoce los mismos derechos que a los heterosexuales.

“Cuando una población se hace vulnerable porque se le considera de segunda categoría, indirectamente se está fomentando la violencia contra esa población”, analizó.

Con esa observación coincidió Burgos, quien señaló que la falta de derechos crea “vulnerabilidad y exposición”.

El primer caso sometido en la Isla con el agravante de crimen de odio fue contra Richard Soto Vélez en febrero de 2013, acusado de asesinar a machetazos al estilista Milton Medina.

El asesino fue sentenciado a 100 años de cárcel, pero en una negociación se eliminó el agravante de odio.