El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor M. Pesquera, puso hoy en tela de juicio las expresiones del exsuperintendente de la Policía, José L. Caldero López, quien defendió la orden general que emitió en el 2015 para autorizar el traslado de civiles en los helicópteros del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) mediante una consulta con la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

La semana pasada, Caldero López afirmó que la directriz que emitió para esa fecha solo permitía el transporte del gobernador por ser el comandante en jefe de la Uniformada, a su familia inmediata y a los secretarios en funciones oficiales en los helicópteros de FURA luego de hacerle una consulta a la agencia federal. El exsuperintendente reaccionaba a la investigación que llevan a cabo la FAA y la Oficina del Inspector General (OIG) sobre el presunto mal uso de la aeronave por parte de La Fortaleza, luego de que el gobierno utilizara como subterfugio esa misma orden para justificar los viajes realizados. 

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En esa ocasión el exsuperintendente indicó que la orden no se extendía al helicóptero Bell 429, que adquirió la administración de Alejandro García Padilla en el 2016 para ser utilizado como ambulancia aérea que posteriormente fue transferido del Departamento de Salud al Negociado de la Policía porque no cumplía para los fines por los que fue comprado.

Sin embargo, una vez que el helicóptero fue transferido a la Policía,  la compañía Ecolift le montó equipo que no estaba aprobado ni por la empresa Bell ni por la FAA. Esto causa que los pilotos de FURA, cuya licencia está de por medio, estén impedidos de usarlo para transportar al Gobernador, asesores u otros civiles. Los permisos originales eran para transportar solo al piloto, al paramédico y al paciente.

“Otra vez más difiero de la información, pero la información que nosotros tenemos es que los helicópteros 429, los tres que llegaron, fueron registrados incorrectamente al punto de entregarlos al gobierno. Él (Caldero) sí firmó una orden general que dice ´si yo lo apruebo no importa la razón, vale´, y eso no se puede hacer”, dijo Pesquera.

Caldero López dijo que decidió solicitar la autorización a la FAA porque la seguridad de la familia del gobernador también era su responsabilidad al igual que la de cualquier otro funcionario de gobierno que estuviese en funciones oficiales.

Sin embargo, Pesquera ripostó indicando que “las discusiones que yo he tenido con el FAA es que cuando el helicóptero es nuevo, como estos no se registran de esa forma, ese registro se usa para los helicópteros que son más viejos donde entonces se restringe el uso del público porque el helicóptero ya tiene muchas horas de vuelo”.

Sentenció, que la excusa ofrecida por los pilotos de FURA de que fueron presionados a volar los helicópteros aun cuando corrían el riesgo de que se les cancelaran sus licencias por las irregularidades cometidas al transportar a civiles sin la certificación no es válida porque su responsabilidad era la de cumplir con las leyes aplicables.

“Si fueron presionados o no, la excusa de que los presionaron no es razón para volarlos si ellos sabían que no podían volarlos. El piloto es el capitán de una nave, si él dice que no vuela no vuela, pero es que a mí eso tampoco, no viene al caso, pero lo que me extraña es porque han levantado un ´issue´ correcto y válido, no digo que no, un año y medio después que lo estaban utilizando desde el principio”, sostuvo Pesquera, quien negó que los pilotos fueran relevados de sus funciones.

El secretario aclaró que cuando fue superintendente de la Policía no firmó los contratos para la compra de los tres helicópteros marca Bell y no reveló las razones. “Me negué a firmarlos, los devolví…no voy a entrar en eso”.

Sus expresiones surgieron durante una conferencia de prensa para anunciar los resultados del Plan Anticrimen.