La investigación de una nueva modalidad de fraude al programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés), se extenderá hacia las cárceles del país, confirmó el director de la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias, teniente José Ayala.

57 expedientes

El nuevo ángulo surgió durante la intervención durante la tarde de ayer, en la sucursal del Banco Popular localizada en la urbanización Condadito, en Caguas, con Wilfredo Muñoz Nieves, de 26 años, quien fue detenido tras intentar cambiar un cheque por la cantidad de $1,332 mediante robo de identidad y con una licencia de conducir falsificada.

Muñoz Nieves, fue excarcelado en abril del Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, tras cumplir seis años de prisión por violación a la Ley de Armas, donde le llenaron la solicitud para los beneficios del PUA y al quedar en libertad le entregaron una licencia falsa para que comenzara a cambiar los cheques.

Se corrobora si este cambió otros cheques por la cantidad de $8,000 y de $1,300 anteriormente.

“Vamos a extender estas investigaciones hacia las cárceles a ver si surge más información…él estuvo en otras cárceles”, comentó el teniente Ayala, cuya división investiga todas las modalidades de fraude con estos fondos que han surgido en los pasados mes.

Poco antes del arresto de Muñoz Nieves, se intervino en el mismo banco con un deambulante, de 28 años, que sin cambiarlo de ropa (como ha ocurrido en otros casos), intentó cambiar un cheque por la suma de $10,056 con información fraudulenta.

En las pasadas tres semanas, se han arrestado a 38 personas por este tipo de modalidad de fraude y se han recuperado $199,950.

Esta semana se creó un grupo de trabajo integrado por personal de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, la Fiscalía de San Juan, el Procurador de Menores y esa división para atender todos los casos de fraude a referido programa para desempleados.

El grupo evaluará, entre otros casos, las querellas de fraude que involucran al menos a dos alumnos de la clase graduanda del 2020 del Colegio San Ignacio, por presuntamente solicitar los beneficios sin cualificar. ya que la investigación tendrá jurisdicción compartida porque uno de los involucrados ya cumplió los 18 años y el otro tiene 17 años.

La división se encuentra recopilando documentos en el Departamento del Trabajo, entre otra evidencia, y tendrá que completar varias entrevistas antes de que se entregue pueda diligenciar en el colegio una orden para solicitar los listados de los estudiantes matriculados, como parte de la pesquisa.

Otro de los esquemas se configura cuando personas solicitan beneficios reales, pero al momento de cambiar los cheques utilizan licencias de conducir falsas y en el otro no solo usan identificaciones falsificadas, sino que se trata de casos en los que se les ha robado la identidad a un ciudadano y otras personas o deambulantes son usados para obtener el dinero en efectivo.

También se explora otro tipo de fraude en el que se le añade un dígito a la cifra real para incrementar su cantidad.