Un esquema de fraude para el pago de multas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y AutoExpreso con el número de una tarjeta de crédito corporativa sin la autorización de su titular, fue puesto al descubierto hoy tras la radicación de 135 cargos criminales contra 33 personas.

Al presente, se han diligenciado 25 órdenes de arresto en Carolina, San Juan, Bayamón, Caguas, Arecibo y Humacao, incluyendo al líder de unos 30 años, sin antecedentes penales, quien le conseguía parte de su clientela que se promovía de boca en boca entre conocidos, a un empleado de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y a un expolicía municipal de Yabucoa.

Entre los imputados figuran personas que se beneficiaron del pago ilegal de multas, los que realizaron las transacciones ilegales con el número de tarjeta de crédito del que se apropiaron, así como gestores, uno de ellos certificado y otros intermediarios o facilitadores/

Las transacciones ilegales ascendieron a más de $300,000, según se reveló durante la conferencia de prensa encabezada por el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo y el Departamento de Justicia (DJ).

De acuerdo con los resultados de la Operación Eslabón, liderada por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía de Puerto Rico y la División de Delitos Económicos del DJ, entre junio y septiembre de 2021 varios de los imputados suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que gestionaran la eliminación de sus multas o les obtuvieran certificaciones que reflejaran balances en cero mediante el esquema fraudulento para proceder con su renovación.

Para el momento en que se efectuaron las transacciones no estaba vigente ningún descuento o amnistía, aclaró el secretario del DTOP.

En esta etapa de la pesquisa, que sigue en curso, no se han arrestado empleados de las agencias perjudicadas.

Durante el proceso de investigación, se identificaron las transacciones ilegales realizadas con una sola tarjeta de crédito para el pago de multas a través de CESCO Digital y AutoExpreso.

“Según la investigación algunas personas daban la información de sus licencias de conducir y pagaban a terceros para que gestionaran el pago de sus multas o consiguieran certificaciones que reflejaran balances en cero”, añadió González Falcón.

Los titulares de la tarjeta presentaron ante la institución financiera las reclamaciones correspondientes por las transacciones no autorizadas.

El Departamento de Hacienda, atendió estas reclamaciones conforme al proceso ordinario establecido por las instituciones financieras para transacciones no reconocidas y devolvió los fondos correspondientes a los pagos reclamados.

La manera en la que obtuvieron el número de la tarjeta y su clave de seguridad no fue dado a conocer.

“Esta operación lleva el nombre Eslabón por una razón, en un esquema como este, cada persona que participa cumple una función dentro de una cadena, el que ejecuta el fraude, el que lo facilita y el que sirve de intermediario y también el que sabe que algo es ilegal y decide beneficiarse de ello. Todos se convierten en un eslabón de esa cadena y nuestro trabajo es seguir esa cadena, identificar a cada persona involucrada y llevarla ante la justicia”, aseveró González Falcón.

A su vez, se hizo un llamado a aquellas personas que están involucradas en este tipo de esquema o conocen del mismo a que cooperen con las autoridades antes de que sean arrestados.

La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, detalló que formuló 71 cargos por fraude y 64 por apropiación ilegal de fondos públicos, en virtud de los artículos 202 y 182 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente. La investigación estuvo a cargo del agente Abraham Lebrón Hernández.

El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y expidió ayer las órdenes de arresto con una fianza de $1, 231,000.

“Quienes pretendan beneficiarse ilegalmente de los fondos de los contribuyentes de Puerto Rico sepan que los vamos a identificar y a procesar con toda la severidad que permita la ley. Si creen que pueden participar de estos esquemas y salir impunes, están equivocados. Estas transacciones ilegales no solo afectaron a los titulares de una tarjeta de crédito, entre los que se encuentra una adulta mayor, sino que provocaron el desembolso indebido de fondos públicos. Toda persona tiene que cumplir con el pago de multas conforme a la ley”, advirtió la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien reconoció y destacó la labor de la Fiscalía y la Policía.

El esquema fue descubierto luego de que una institución bancaria presentara una querella tras detectar múltiples transacciones realizadas con la tarjeta de crédito, que ascendieron a $308,573.13.

El delito de apropiación ilegal de fondos públicos conlleva una pena fija de 15 años de reclusión. Mientras, el delito de fraude implica una pena fija de ocho años.

El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, aseguró que se encuentran fortaleciendo sus protocolos, los sistemas digitales y adiestrando a su personal con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para el manejo de evidencia hasta que pueda lograrse una convicción.

A su vez, le reiteró a la ciudadanía que el uso del CESCO Digital es seguro.

“En el DTOP hemos fortalecido las capacidades investigativas y el desarrollo profesional del personal de la Unidad de Investigación e Inspección de DISCO y de nuestros investigadores en los CESCO, para que cuenten con las herramientas necesarias para realizar investigaciones rigurosas, objetivas y debidamente documentadas. Este trabajo nos permite identificar posibles irregularidades, desarrollar casos sólidos y referirlos a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las acciones que procedan”, sostuvo González Montalvo.

Entre las partes perjudicadas como consecuencia del esquema de fraude se encuentran los titulares de la tarjeta de crédito, que incluyen a una adulta mayor; el Gobierno de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda; el DTOP; CESCO; AutoExpreso; y una institución bancaria.