El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó en su página cibernética los documentos que confirman que el presidente Donald Trump dio su “clemencia ejecutiva” a todos los acusados del sonado caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Más allá de la exgobernadora, también aparecen perdonados el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini.

Los documentos, que son idénticos y lo único que cambia es el nombre del acusado, establece que otorgó un “perdón completo e incondicional”. Tienen fecha del pasado jueves, 15 de enero.

Se destaca que en la ofensa no se describe el delito menos grave por violación a leyes electorales por la cual el trío se declaró culpable en agosto pasado. Establece la acusación inicial que fue por “conspiración; soborno en programas federales; fraude electrónico de servicios honestos”.

Los documentos se publicaron después de que trascendiera la información sobre que Trump concedería el perdón presidencial a la exgobernadora y a los coacusados. Los medios estadounidenses citaban a un informante de Casa Blanca sin dar su nombre.

El abogado de Vázquez Garced, Peter John Porrata, confirmó a Primera Hora que el perdón presidencial se concedería, pero desconocía si iba a ocurrir antes o después de la sentencia, pautada para el 29 de enero.

Cabe destacar que en los expedientes judiciales de los acusados no aparece ninguna información relacionada a la clemencia ejecutiva.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La vista de sentencia de los acusados está pautada para el 29 de enero. Todavía no se ha establecido en los expedientes judiciales si quedará sin efecto.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.